Fiesta en la Sociedad Rural: El Gobierno de Milei busca eliminar el Estatuto del Peón Rural

En una controvertida maniobra, el gobierno de Javier Milei ha anunciado su intención de derogar el histórico Estatuto del Peón Rural, una ley promulgada en 1944 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, que garantizaba derechos laborales fundamentales para los trabajadores rurales en Argentina. Esta medida se implementaría a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que permitiría sustituir el estatuto por una normativa que, según especialistas, apenas contempla derechos mínimos para los peones rurales.

El Estatuto del Peón Rural fue pionero en América Latina al garantizar condiciones laborales dignas, como jornadas laborales reguladas, descansos obligatorios, acceso a vivienda y alimentación adecuada, entre otros beneficios. Su eliminación representa un retroceso significativo para el sector, que históricamente ha enfrentado precarización y abusos.

El DNU propuesto por el gobierno pretende establecer nuevas reglas laborales que flexibilizarían las relaciones de trabajo, eliminando derechos adquiridos y fortaleciendo las prerrogativas de los empleadores. Esta medida se alinea con el discurso neoliberal de Milei, que desde su campaña presidencial ha abogado por reducir la "intervención estatal" en las relaciones laborales y favorecer un modelo de mercado completamente desregulado.

"Las multas de las leyes 24.013 (regulación empleo no registrado), 25.323 (indemnizaciones) y 25.345 (aportes y contribuciones previsionales) fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente", habían sostenido desde la Sociedad Rural.

Sindicatos y organizaciones sociales han reaccionado con indignación, calificando la medida como un "ataque directo a los trabajadores más vulnerables". La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ya anunció movilizaciones y acciones legales para frenar lo que consideran una violación flagrante de los derechos humanos y laborales.

"El gobierno está desmantelando décadas de lucha por los derechos de los trabajadores rurales. No se puede permitir este retroceso que favorece la explotación y la desigualdad", señaló un