Paro general contra la reforma laboral: alto acatamiento y fuerte impacto en transporte y servicios

La Confederación General del Trabajo (CGT) concretó este jueves un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados tras haber obtenido media sanción en el Senado.

La medida se desarrolla sin movilización formal y con alcance nacional. Desde primeras horas del día se verificó una adhesión significativa en los principales centros urbanos del país.

Transporte y actividad económica

El impacto más visible se registra en el transporte público.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la suspensión de los servicios de colectivos urbanos. También adhieren gremios ferroviarios, entre ellos La Fraternidad, por lo que no circulan trenes en distintas líneas metropolitanas y regionales.

En el sector aerocomercial se registraron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos debido a la adhesión de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y otros sindicatos aeronáuticos. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también confirmó su participación, lo que amplió el alcance en puertos y transporte de cargas.

La paralización del transporte condicionó la actividad comercial e industrial, con niveles dispares de apertura según la región.

Administración pública, educación y bancos

En el sector estatal la adhesión incluye dependencias nacionales, provinciales y municipales, con funcionamiento limitado a guardias mínimas en áreas esenciales.

En educación, la actividad quedó interrumpida en numerosas jurisdicciones por la adhesión de gremios docentes y no docentes.

El sindicato La Bancaria confirmó que no hubo atención presencial en entidades públicas y privadas, aunque se mantienen operativos los canales electrónicos.

Contexto político y sindical

La CGT fundamenta la medida en el rechazo a los cambios propuestos en el régimen laboral, que incluyen modificaciones en contratación, indemnizaciones y licencias. La central sostiene que el proyecto implica una reducción de derechos adquiridos.

Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la iniciativa busca actualizar la normativa y promover la formalización del empleo.

El paro se produce en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el movimiento sindical, en paralelo a debates económicos y productivos abiertos en distintos sectores.

La sesión en Diputados será determinante para el futuro del proyecto y para la relación entre la administración nacional y las centrales obreras.