El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal decidió llevar a la Justicia parte de la reforma laboral recientemente aprobada y pidió que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 27.802.
La presentación judicial fue impulsada por el titular de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, y cuenta con el patrocinio legal de la coordinadora jurídica de la institución, Alejandra García.
El planteo apunta específicamente contra los artículos 10 y 56 de la norma, que introducen cambios en disposiciones clave de la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de los aspectos cuestionados es la posibilidad de que las indemnizaciones laborales se paguen en cuotas. Para el Colegio, esa modificación altera el carácter alimentario de esos créditos y puede afectar la protección económica de los trabajadores despedidos.
La segunda objeción se centra en la responsabilidad que la reforma atribuye a los abogados cuando realizan reclamos indemnizatorios que luego la Justicia considere excesivos. Según la entidad, esa disposición podría condicionar la labor profesional y generar riesgos indebidos para quienes representan a trabajadores en conflictos laborales.
En la acción de amparo, el Colegio argumenta que estas medidas no solo impactan en el ejercicio de la abogacía, sino también en el funcionamiento del sistema judicial laboral y en el acceso a la tutela judicial efectiva.
Por ese motivo, además del planteo de fondo, la entidad solicitó al tribunal que dicte una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación de los artículos impugnados hasta que se resuelva la cuestión de constitucionalidad.
La ofensiva judicial se suma a otras presentaciones impulsadas por distintos sectores sindicales y jurídicos que cuestionan aspectos de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.
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