La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y expresó su preocupación por los despidos registrados en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El sindicato denunció además un avance de la tercerización de tareas que, según sostuvo, afecta puestos de trabajo calificados y podría tener impacto en la prestación del servicio.

La medida fue anunciada por la conducción nacional de la organización gremial encabezada por Guillermo Mangone, quien advirtió sobre la reducción de personal propio en distintas compañías del sector energético. Según la federación, las empresas estarían reemplazando trabajadores encuadrados en convenio colectivo por contratistas externas.

Qué denunció el gremio del gas sobre las empresas del sector

Desde la FETIGNRA señalaron que las desvinculaciones se producen en un contexto económico favorable para la actividad, caracterizado por incrementos tarifarios y resultados positivos en los balances empresariales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad sindical, la reducción de personal no respondería a dificultades financieras ni operativas, sino a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la externalización de servicios.

La organización sostuvo que esta modalidad implica la pérdida de puestos de trabajo especializados y modifica las condiciones históricas de empleo dentro de la industria del gas natural en Argentina.

La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional y denunció despidos en empresas distribuidoras y transportadoras de gas.

Preocupación por la seguridad y la calidad del servicio

Uno de los principales puntos planteados por el gremio está vinculado a la ejecución de tareas consideradas estratégicas para la operación de la red de distribución y transporte de gas.

La federación manifestó que actividades que tradicionalmente eran realizadas por trabajadores de planta con experiencia y capacitación específica están siendo derivadas a empresas tercerizadas.

Según la entidad, esta situación genera preocupación por el mantenimiento de los estándares de seguridad, la continuidad operativa y la calidad del servicio prestado a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La crisis institucional en el ente regulador del gas y la electricidad

El reclamo sindical coincide con un escenario de cambios dentro del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo encargado de supervisar la actividad.

Durante las últimas semanas se produjo la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia, quien había asumido recientemente la conducción del organismo. De manera interina quedó al frente el vicepresidente Vicente Serra.

La salida de Lamboglia se produjo en medio de diferencias internas dentro del ente regulador vinculadas al funcionamiento administrativo y a cuestiones presupuestarias, situación que generó incertidumbre respecto del futuro de la fiscalización del sector.

Los reclamos de la FETIGNRA y el futuro del conflicto

Ante este escenario, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural exigió el cese de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo y el respeto de los convenios colectivos vigentes.

Además, reclamó que las empresas prioricen políticas de capacitación, formación y desarrollo profesional para el personal propio.

La organización advirtió que continuará monitoreando la situación en todo el país y no descartó profundizar acciones gremiales si no se registran avances en las negociaciones con las compañías involucradas.

La organización sindical reclamó el cese de las desvinculaciones y el respeto de los convenios colectivos vigentes en la actividad.

El impacto del conflicto en el sector energético argentino

El conflicto abre un nuevo foco de tensión dentro de la industria energética argentina. Más allá de la discusión laboral, el debate también involucra cuestiones vinculadas a la seguridad operativa, el control estatal y la organización del trabajo en servicios considerados esenciales.

La evolución de las negociaciones entre las empresas, los sindicatos y los organismos reguladores podría convertirse en un factor relevante para el funcionamiento del sector durante los próximos meses, especialmente en un contexto de transformaciones regulatorias y cambios en la estructura del mercado energético nacional.