05/08/2026
El Decreto 690/2026, publicado por el Gobierno de Javier Milei, abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios marítimos al introducir cambios en el régimen de practicaje y pilotaje. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rechazaron la medida al considerar que pone en riesgo la seguridad de la navegación, la protección ambiental y las condiciones de trabajo del sector.
La controversia se desarrolla mientras un paro de prácticos, pilotos y baqueanos mantiene afectada la operatoria de puertos clave de Argentina, especialmente sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.
El decreto modifica el régimen que regula las tareas de practicaje y pilotaje, funciones desempeñadas por profesionales habilitados que asesoran al capitán durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en zonas portuarias y vías navegables.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca desregular la actividad e incrementar la competencia, mientras que las organizaciones sindicales afirman que la medida flexibiliza un sistema considerado esencial para la seguridad marítima.
El Centro de Patrones recomendó a sus afiliados no aceptar tareas vinculadas al practicaje sin consultar previamente con el sindicato, al advertir que determinadas decisiones podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
La entidad recordó además que el ejercicio de funciones sin la habilitación correspondiente o fuera del marco legal vigente podría configurar infracciones contempladas por el artículo 190 del Código Penal, dependiendo de cada situación.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) también manifestó su rechazo al nuevo régimen y expresó su apoyo a los trabajadores que llevan adelante la medida de fuerza.
En un comunicado, la organización sostuvo que "la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana, el cuidado del ambiente y la defensa del trabajo argentino deben prevalecer sobre cualquier otro objetivo".
Asimismo, el gremio señaló que, si el objetivo oficial es promover una mayor competencia, el Estado debería ampliar las oportunidades de acceso a la actividad sin reducir los estándares de capacitación y seguridad que requiere una función estratégica para el sistema marítimo argentino.
Para el sindicato, "defender el practicaje es defender nuestros ríos, nuestro comercio, el trabajo argentino y la soberanía nacional".
Gremios marítimos rechazaron el Decreto 690/2026 al considerar que modifica el régimen de practicaje y pilotaje y pone en riesgo la seguridad de la navegación.
Desde el sábado 1° de agosto, prácticos, pilotos y baqueanos mantienen una medida de fuerza que paraliza gran parte de la actividad portuaria en el país.
La protesta alcanza desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay y tiene un fuerte impacto sobre el Río de la Plata y el río Paraná, corredores por los que circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como "abusiva e inconstitucional" y anticipó que presentará una acción de amparo ante la Justicia Federal, además de impulsar una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto.
En respuesta al conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar sus tareas, invocando el carácter de servicio público esencial del practicaje.
No obstante, los trabajadores ratificaron la medida de fuerza y aclararon que continuarán prestando servicios únicamente a buques petroleros y de gas licuado para garantizar el abastecimiento energético y evitar riesgos ambientales.
La disputa por el Decreto 690/2026 suma un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios vinculados al transporte y la logística. Además del debate sobre la desregulación del sector, el paro amenaza con afectar la operatoria del comercio exterior argentino si la medida se prolonga, especialmente en los principales puertos exportadores del país.
El avance de las acciones judiciales anunciadas por las organizaciones profesionales y la continuidad de las negociaciones serán determinantes para definir la evolución del conflicto durante los próximos días.
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