Escándalo en SanCor: ex presidentes citados por millonaria evasión de aportes

El Juzgado Federal de Rafaela, Santa Fe, citó a declaración indagatoria a los ex presidentes de SanCor, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, para el próximo 12 de noviembre de 2025. La causa, denominada "SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros sobre infracción Ley 27.430 - Expte. N° FRO 2628/2024", investiga un presunto desvío de aportes y contribuciones por $1.644.440.882,68 durante 32 períodos fiscales. La investigación se desarrolla en paralelo al conflicto de la cooperativa con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA).

El Ministerio Público Fiscal sostiene que ambos ex presidentes podrían haber incurrido "prima facie" en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, conforme al artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). La acusación se apoya en denuncias de empleados y evidencia aportada por ARCA e INAES, que apuntan a irregularidades en la retención y depósito de aportes al sistema de seguridad social.

La situación se complica debido a que SanCor atraviesa un concurso preventivo, tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Rafaela, bajo la supervisión del Dr. Guillermo Vales. Más de 400 trabajadores han denunciado que irregularidades similares se mantienen bajo la conducción actual, encabezada por Oscar Juan Sapino, presentando recibos y constancias de sueldos sin depósito, junto con informes del Comité Provisorio de Control que evidencian falta de transferencia de fondos a la obra social, sindicato y mutual.

Estos antecedentes obligaron al juez del concurso a notificar al Juzgado Federal, mientras se analiza la posibilidad de un concurso fraudulento. La crisis pone en riesgo a una de las cooperativas más históricas del país y tensiona aún más la relación con sus empleados.

En este marco, ATILRA intensificó su lucha. Más de 600 trabajadores se movilizaron frente al juzgado para rechazar el Plan de Crisis propuesto por SanCor y respaldar el pedido de quiebra con continuidad productiva, en respuesta a cinco meses de sueldos impagos y al despido previsto de 304 empleados, que se suma a los más de 1.000 desvinculados desde 2019.

Los representantes del gremio declararon: "Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia", cuestionando que el plan de crisis admita la falta de financiamiento para obligaciones básicas como salarios, aguinaldos y cobertura de salud. Hasta ahora, el sindicato ha presentado más de 300 pedidos de quiebra, buscando asegurar la continuidad operativa de la cooperativa y el pago inmediato de las deudas salariales, mientras se discute el futuro de la empresa en audiencias que involucran al juez, la sindicatura y el Comité Provisorio de Control.