ATE analiza adelantar el paro nacional ante la amenaza de 28 mil nuevos despidos en el Estado

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el paro nacional previsto para el debate de la reforma laboral, luego de que el Gobierno confirmara un recorte del 10% de la plantilla pública, lo que implicaría alrededor de 28 mil despidos en distintos organismos nacionales. La decisión generó una reacción inmediata dentro del sindicato, que considera la medida como un ataque directo a la estructura estatal.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó al anuncio como un avance "ideológico" y aseguró que los estatales no permitirán nuevas cesantías. "No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre", expresó el dirigente, quien además acusó al Gobierno de utilizar el ajuste como una herramienta política y no presupuestaria. Aguiar sostuvo que los trabajadores contratados representan "menos del 0,5% del gasto total", mientras que la deuda externa supera el 25%.

El gremialista también cuestionó el perfil que el Ejecutivo busca para la administración pública y afirmó que el objetivo es "moldear un Estado funcional a los grandes grupos económicos", dejando de lado áreas estratégicas y organismos técnicos. En ese sentido, apuntó a que la conducción laboral del país se encuentra "en manos del equipo jurídico de Techint", señalando un direccionamiento empresarial en las políticas de empleo estatal.

El paro había sido definido durante el Confederal de ATE realizado en San Luis, con representación de todas las provincias y seccionales. Ahora, ante la posibilidad de despidos masivos, el sindicato convocará nuevamente a sus estructuras internas para resolver si adelanta la medida de fuerza.

Los recortes impactarían especialmente en organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, Inta, Inti y Enacom, sectores considerados esenciales para el funcionamiento administrativo, científico y social del país.