Reforma laboral: el impacto fiscal que genera tensión entre Nación y provincias

El debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo sumó un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales a partir de su impacto fiscal, especialmente por la reducción del impuesto a las Ganancias a las empresas, una de las principales fuentes de recursos coparticipables.

La iniciativa propone una baja escalonada de las alícuotas del impuesto a las Ganancias corporativo a partir de los ejercicios fiscales iniciados en 2026, lo que implicaría una disminución directa en la recaudación nacional y, en consecuencia, en los fondos que reciben las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuánto costaría la reforma según estimaciones técnicas

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal anual directo de la reducción de Ganancias sería equivalente al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI). El impacto efectivo comenzaría a sentirse en 2027, dado que las empresas tributan el saldo del ejercicio fiscal con posterioridad al cierre del año.

Según el análisis, de ese total:

• 0,09% del PBI correspondería a la Nación

• 0,13% del PBI afectaría a las provincias y CABA, al tratarse de un tributo coparticipable

En términos relativos, la pérdida estimada para los distritos subnacionales equivale aproximadamente al 2% del total de transferencias automáticas que reciben anualmente.

La posición de los gobernadores

Frente a este escenario, varios mandatarios provinciales manifestaron su preocupación por la sostenibilidad de las finanzas locales, en un contexto de desaceleración del consumo y caída real de la recaudación. Los gobernadores plantearon la necesidad de mecanismos de compensación que amortigüen el impacto de la reforma sobre los ingresos provinciales.

Algunos jefes provinciales advirtieron que una combinación de menor actividad económica y reducción de alícuotas podría profundizar las dificultades fiscales que ya enfrentan sus administraciones, particularmente en distritos con alta dependencia de la coparticipación federal.

Una reunión prevista entre gobernadores para analizar el tema fue suspendida en medio de negociaciones abiertas con el Ejecutivo nacional.

La postura del Gobierno nacional

Desde el Gobierno sostienen que el capítulo fiscal de la reforma es negociable, aunque remarcan que cualquier modificación no debe alterar el objetivo central del proyecto, orientado a reducir la presión tributaria sobre el sector productivo.

Funcionarios del Ejecutivo aseguran que la baja de Ganancias podría ser compensada por un incremento de la actividad económica, una mayor formalización del empleo y una ampliación de la base imponible, lo que permitiría recuperar parte de los recursos resignados en el mediano plazo.

Escenarios posibles de recaudación

El informe del IARAF plantea tres escenarios posibles respecto de la evolución futura de la recaudación:

• Escenario optimista: la reducción de alícuotas genera una expansión suficiente de la base imponible y la recaudación se recupera plenamente a partir de 2027, sin pérdidas fiscales netas.

• Escenario intermedio: la recaudación crece de manera gradual y recién se compensa totalmente la pérdida inicial hacia el año 2030, lo que requiere financiamiento transitorio.

• Escenario pesimista: la baja de impuestos no produce efectos positivos y la pérdida fiscal del 0,22% del PBI se mantiene de forma sostenida en el tiempo.

  
  

  El costo total de la reforma

  Más allá del impuesto a las Ganancias, estimaciones privadas indican que el costo fiscal total de la reforma laboral rondaría el 0,83% del PBI. La mayor parte corresponde a la reducción de contribuciones patronales, mientras que el resto se explica por incentivos tributarios adicionales y la eliminación de algunos impuestos internos.

  
  

  Un debate abierto

  El tratamiento legislativo de la reforma laboral continúa en el Congreso, en un escenario donde el equilibrio entre alivio fiscal, sostenibilidad de las cuentas públicas y autonomía financiera de las provincias se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión.