16/02/2026
La reforma laboral aprobada por el Senado de la Nación Argentina incorporó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como mecanismo para financiar indemnizaciones por despido. El texto establece que deberá estar operativo el 1° de junio, aunque todavía resta su tratamiento en la Cámara de Diputados y la reglamentación correspondiente.
Uno de los puntos centrales es que el FAL será obligatorio para todos los empleados registrados en relación de dependencia, tanto actuales como futuros ingresantes. Es decir, no se limitará a nuevas contrataciones sino que abarcará al conjunto de trabajadores formales del sector privado.
El esquema prevé contribuciones patronales segmentadas:
2,5% para pymes
1% para grandes empresas
El porcentaje podría ampliarse hasta 3% y 1,5% respectivamente, según la situación fiscal. Desde el Gobierno sostienen que esta segmentación busca reducir el impacto presupuestario estimado.
El porcentaje correspondiente pasará primero por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actuará como agente de derivación, y luego será transferido a administradores del mercado financiero.
Esas entidades deberán estar autorizadas por el Ministerio de Economía y reglamentadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre los posibles administradores podrían incluirse compañías de seguros y otras entidades privadas, aunque aún no se definió qué firmas serán habilitadas.

El FAL se financiará con un porcentaje de contribuciones patronales que actualmente ingresan al sistema previsional. Según el texto aprobado, esto no implicaría un costo adicional directo para las empresas, aunque sí supone recursos que dejarían de percibirse en la ANSES.
La normativa también aclara que, si el fondo resultara insuficiente, la responsabilidad del empleador no se extingue ni se modifica. Es decir, la obligación de pagar la indemnización seguirá vigente.
Con fecha prevista para el 1° de junio y pendiente de aprobación definitiva en Diputados y de su reglamentación técnica, el Fondo de Asistencia Laboral aparece como uno de los pilares de la reforma laboral, al modificar el sistema tradicional de financiamiento de despidos y extender su alcance a todos los trabajadores registrados del país.
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