17/06/2026
Los impulsores de la medida sostienen que aún existen alternativas para mantener la actividad productiva y evitar la liquidación definitiva de una empresa que durante décadas fue uno de los principales actores de la industria láctea argentina.
La iniciativa fue promovida por un grupo integrado por trabajadores, productores tamberos, acreedores comerciales y asociados de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas.
A través de una cautelar de prohibición de innovar, buscan detener la venta de los activos mientras se analiza una propuesta alternativa que permita reactivar las operaciones de la compañía.
Según explicaron, el actual proceso concursal se orienta principalmente a la liquidación de bienes para afrontar las deudas acumuladas, una estrategia que, según afirman, podría destruir valor económico y afectar de manera irreversible la estructura productiva construida durante décadas.

La histórica cooperativa láctea atraviesa un proceso de quiebra que podría definir el futuro de sus plantas industriales y sus marcas más reconocidas.
La cooperativa llegó a esta instancia después de años de dificultades económicas, caída de la producción y pérdida de participación en el mercado.
Actualmente la empresa permanece prácticamente inactiva y enfrenta un pasivo estimado en alrededor de 120 millones de dólares, compuesto por deudas salariales, laborales, comerciales, fiscales y compromisos con productores vinculados a la cadena láctea.
La magnitud de la crisis derivó en la declaración de quiebra y en el inicio del proceso judicial para la venta de activos, una medida que ahora es cuestionada por parte de los acreedores.
Uno de los principales argumentos del denominado Consorcio de Acreedores apunta contra la decisión judicial que dejó fuera de análisis una propuesta de continuidad empresarial.
Según sostienen, el plan alternativo fue descartado por cuestiones vinculadas a los plazos procesales, lo que impidió debatir una salida distinta a la liquidación.
Además, el grupo solicitó que se investiguen los incendios ocurridos en instalaciones vinculadas al complejo industrial de Sunchales. Los acreedores consideran que es necesario determinar las causas de esos episodios y evaluar si tuvieron impacto sobre el valor de los activos involucrados en el proceso.

El pedido judicial apunta a frenar el remate de seis fábricas mientras se analiza una propuesta de continuidad empresarial.
La estrategia de los acreedores también incluye gestiones políticas. En ese marco, solicitaron una audiencia con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El objetivo es explorar mecanismos de apoyo institucional que permitan preservar las fuentes de trabajo y sostener la actividad productiva vinculada a SanCor, una empresa que históricamente tuvo un papel central en la economía regional y en la industria láctea nacional.
Para los impulsores de la iniciativa, la continuidad operativa podría generar mayores beneficios económicos que una liquidación fragmentada de los activos.
Mientras avanza el proceso judicial, distintos actores del sector lácteo siguen de cerca la situación de la cooperativa.
Entre los grupos mencionados como potenciales interesados en los activos aparecen empresas como Savencia, propietaria de Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, dueña de la marca Tonadita; la firma santafesina La Tarantela; y el empresario rosarino Gustavo Scaglione.
También existen versiones sobre posibles inversores interesados en una propuesta integral que contemple la recuperación completa de la operación productiva.
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