La industria pesquera argentina enfrenta un nuevo foco de tensión luego de que la empresa Conarpesa confirmara la cancelación de sus inversiones en Santa Cruz y anticipara el traslado de parte de sus operaciones hacia Chubut. La decisión se conoció tras el avance legislativo de un proyecto que busca restablecer la tasa por Derecho de Pesca en la provincia, una medida que la compañía considera perjudicial para la competitividad del sector.

La noticia encendió las alarmas entre los gremios marítimos y portuarios, que advierten sobre posibles despidos, reducción de actividad y un fuerte impacto en las economías vinculadas a la pesca en la Patagonia.

Qué pasó entre Conarpesa y Santa Cruz

El conflicto se originó luego de que la Legislatura de Santa Cruz otorgara media sanción a un proyecto de ley para reinstalar la tasa por Derecho de Pesca.

Según argumentó la empresa, la aplicación de este gravamen incrementaría en aproximadamente un 50% los costos de procesamiento de colas de langostino a bordo de las embarcaciones. A ese factor se sumarían otros impuestos y tasas ya vigentes en la provincia, generando un escenario que, según la firma, vuelve económicamente inviable continuar expandiendo operaciones.

Ante esta situación, la compañía decidió frenar las obras de ampliación previstas en el puerto de San Julián y redireccionar inversiones hacia puertos de Chubut.

Fernando Álvarez Castellano confirmó el traslado de operaciones

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, fue contundente al anunciar el cambio de estrategia empresarial.

Según explicó, los barcos de la compañía pasarán a descargar en Puerto Madryn y Rawson, mientras que las instalaciones ubicadas en Caleta Olivia podrían reducir su actividad al mínimo o incluso cerrar en caso de que la ley sea aprobada definitivamente.

La decisión representa un duro golpe para Santa Cruz, donde la empresa mantiene una presencia histórica vinculada a la generación de empleo y al desarrollo de la actividad pesquera regional.

La posible restitución de una tasa provincial desató el conflicto que llevó a la empresa a cancelar inversiones previstas en el puerto de San Julián.

El impacto laboral preocupa al SOMU y a los gremios del sector

La reacción sindical no tardó en llegar. Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el gremio de Guincheros manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría generar la salida de Conarpesa.

Los representantes de los trabajadores advierten que la reducción de operaciones afectará directamente las tareas de descarga, logística, mantenimiento portuario y servicios vinculados a la actividad pesquera.

Además de los empleos directos, la decisión podría impactar sobre una amplia red de proveedores, transportistas, talleres navales y pequeñas empresas que dependen del movimiento económico generado por la flota pesquera.

La actividad pesquera de Santa Cruz enfrenta un escenario incierto

La paralización de inversiones llega en un momento sensible para la economía regional. El puerto de San Julián aparecía como uno de los puntos estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de la provincia y ampliar la actividad pesquera en la costa santacruceña.

Sin la inversión anunciada por Conarpesa, distintos sectores temen que la provincia pierda competitividad frente a otros puertos patagónicos que buscan captar mayor volumen de desembarques y procesamiento de productos pesqueros.

El traslado de operaciones hacia Chubut podría modificar parte del mapa productivo de la pesca argentina durante los próximos años.

Conarpesa anunció que sus buques descargarán en puertos de Chubut, mientras revisa el futuro de sus instalaciones en Santa Cruz.

Qué consecuencias puede tener la salida de Conarpesa de Santa Cruz

La disputa entre la empresa y el Gobierno provincial refleja uno de los debates centrales que atraviesan distintas economías regionales de Argentina: el equilibrio entre la recaudación fiscal y la necesidad de atraer inversiones privadas.

Si finalmente se concreta el retiro de operaciones y la reducción de actividad anunciada por la compañía, Santa Cruz podría enfrentar una caída significativa en el empleo ligado a la pesca, menor movimiento portuario y una pérdida de ingresos para numerosos sectores asociados.

La evolución del proyecto legislativo y las posibles negociaciones entre las partes serán determinantes para conocer el futuro de una actividad clave para la economía de la Patagonia argentina.