22/07/2026
La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), luego de que la empresa pesquera despidiera a 39 trabajadores de su planta en Puerto Madryn. La medida ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto y prohíbe nuevas sanciones, despidos o medidas disciplinarias mientras se desarrolla la negociación.
La resolución fue firmada por el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, quien sostuvo que el conflicto "trasciende los intereses individuales de los empleados involucrados" y compromete la continuidad de las fuentes laborales, la estabilidad del empleo y la paz social.
La medida obliga al STIA, conducido por Luis Núñez, a suspender cualquier medida de fuerza durante el período de conciliación. Al mismo tiempo, las empresas involucradas no podrán aplicar nuevas sanciones, despidos ni medidas disciplinarias mientras se extienda la instancia de negociación.
La Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia para este miércoles a las 10 en la Delegación de Puerto Madryn. Deberán participar representantes del sindicato y de las firmas Agropez SA, Conarpesa y WOFCO.
Desde el STIA consideraron que la conciliación obligatoria puede permitir "sentarse a aclarar las cosas", aunque advirtieron que se trata de una instancia temporal. Además, el gremio anticipó que, según su análisis legal, los despidos tendrían "fundamentos jurídicos débiles".

La Secretaría de Trabajo de Chubut ordenó suspender las medidas de fuerza y retrotraer los despidos de 39 trabajadores de Conarpesa en Puerto Madryn.
El conflicto entre Conarpesa y los trabajadores escaló luego de la protesta realizada el 15 de julio en el Parque Industrial Pesquero, tras la cual la empresa formalizó la desvinculación de 39 obreros.
En los telegramas de despido, la compañía sostuvo que durante la manifestación se produjeron hechos de violencia e intimidación contra trabajadores administrativos y que la situación obligó a evacuar las oficinas con intervención policial.
En paralelo, el equipo legal de Conarpesa presentó una ampliación de la denuncia penal por la toma de sus oficinas y aportó nuevas pruebas a la investigación judicial.
La empresa sostiene que los hechos ocurridos durante la protesta justifican las medidas adoptadas contra los trabajadores. Desde el sindicato, en cambio, rechazan las acusaciones y cuestionan la legalidad de las cesantías.
Mientras se formalizaba la conciliación obligatoria, los trabajadores despedidos realizaron una asamblea en la sede del STIA en Puerto Madryn.
Vladimir Rodríguez, uno de los empleados afectados, calificó las cesantías como "injustas" y negó que se hayan producido los episodios de violencia denunciados por la empresa.
"Lo único que queríamos era trabajar. Nos trataron de violentos y eso no fue así", afirmó el trabajador, quien aseguró que existía un acuerdo para que el 15 de julio los empleados fueran dados de alta, pero que la empresa no cumplió con lo pactado.
Rodríguez también señaló que muchos de los despedidos tienen entre 12 y 15 años de antigüedad y que la mayoría son trabajadores de temporada cuya principal fuente de ingresos depende de la actividad pesquera.

El conflicto por los despidos en Conarpesa sumó una instancia de negociación obligatoria y una denuncia penal presentada por la empresa tras una protesta en sus oficinas.
La conciliación obligatoria abre una instancia de negociación entre el STIA y las empresas involucradas, aunque no resuelve de manera definitiva la situación de los 39 trabajadores despedidos.
Durante los 15 días hábiles de vigencia de la medida, las partes deberán intentar alcanzar un acuerdo y retrotraer el conflicto a la situación previa a la escalada que derivó en los despidos.
El conflicto también suma una dimensión judicial, debido a la denuncia penal presentada por Conarpesa por la protesta en sus oficinas. De esta manera, la disputa laboral se desarrolla simultáneamente en el ámbito administrativo y en el fuero penal.
La resolución de la Secretaría de Trabajo de Chubut busca evitar una escalada del conflicto y preservar las fuentes laborales en Puerto Madryn. Sin embargo, la distancia entre la posición de la empresa y el reclamo del STIA podría dificultar un acuerdo durante la conciliación obligatoria.
La disputa por los despidos en Conarpesa se produce en una actividad de fuerte importancia económica y laboral para Puerto Madryn y la provincia de Chubut. La continuidad de los puestos de trabajo y el vínculo entre las empresas pesqueras y los trabajadores se encuentran ahora en el centro de una negociación que deberá resolverse en los próximos días.
La conciliación obligatoria representa, por el momento, una pausa en la escalada del conflicto, pero el resultado de la audiencia y las negociaciones determinará si los trabajadores pueden recuperar sus puestos o si el enfrentamiento continúa por la vía administrativa y judicial.
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