Gremios marítimos paralizan la actividad pesquera y fluvial en rechazo al DNU 340/2025

Según denunciaron las organizaciones sindicales del sector, el DNU 340/2025 profundiza la desregulación del sector marítimo, pesquero y fluvial, eliminando controles estratégicos, facilitando la entrada de empresas extranjeras y debilitando los convenios colectivos de trabajo.

"El decreto pone en riesgo no solo los salarios y derechos laborales de miles de trabajadores, sino también la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y vías navegables", señalaron en un comunicado conjunto los gremios SOMU, Capitanes de Pesca, SICONARA y Dragado y Balizamiento, entre otros.

Impacto nacional y reclamos gremiales

La medida de fuerza afecta de forma directa la operatoria en puertos clave como Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca y Puerto Madryn, con buques paralizados, tareas suspendidas y cortes parciales en accesos estratégicos.

Los gremios exigen la derogación inmediata del DNU 340/2025, la apertura de un canal de diálogo con el Poder Ejecutivo y la defensa activa de los recursos naturales y el trabajo argentino.

"El gobierno busca entregar nuestros ríos y mares a intereses extranjeros. No lo vamos a permitir", declaró Raúl Durdos, secretario general del SOMU.

¿Qué dice el DNU 340/2025?

El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado la semana pasada flexibiliza normas sobre licencias pesqueras, elimina regulaciones para operadores logísticos y habilita la participación directa de capitales extranjeros en sectores estratégicos, sin controles previos del Estado.

Esta normativa ha sido duramente criticada no solo por sindicatos, sino también por expertos en derecho laboral y economistas, quienes advierten sobre su impacto en el empleo, la competitividad nacional y el control estatal de sectores clave.

Una lucha por la soberanía y los derechos

Con esta medida, los gremios no solo buscan frenar el avance del DNU, sino también llamar la atención sobre lo que consideran un proceso de entrega de soberanía y vaciamiento de la industria nacional.

La protesta cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, políticas y medioambientales que también denuncian el impacto ambiental y social del nuevo marco legal.