Hospital Garrahan: avanzan cesantías contra 11 trabajadores tras la toma de oficinas y gremios anuncian plan de lucha

El conflicto en el Hospital Garrahan volvió a escalar luego de que el Gobierno nacional impulsara la cesantía de once trabajadores, diez de ellos con tutela sindical, a raíz de los hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025, cuando se produjo la toma de oficinas de la Dirección Médica en el marco de un reclamo salarial.

Según información confirmada por distintos medios nacionales, el Consejo de Administración del hospital avanzó con sumarios administrativos por "graves faltas disciplinarias", entre ellas la ocupación de oficinas, el bloqueo de áreas administrativas y la afectación del normal funcionamiento del centro de salud en un contexto de conflicto gremial.

Debido a que diez de los trabajadores alcanzados son delegados sindicales, la eventual aplicación de las cesantías requiere previamente un proceso de desafuero ante la Justicia laboral, que deberá resolver si corresponde levantar la tutela gremial para habilitar despidos o sanciones.

El origen del conflicto

El episodio que derivó en los sumarios se produjo en el marco de una prolongada disputa salarial. Durante 2025, trabajadores y profesionales del hospital realizaron medidas de fuerza en reclamo de recomposición de haberes. Tras ese proceso, el Gobierno otorgó un aumento salarial que oficialmente dio por cerrado el conflicto, aunque persistieron tensiones internas.

La toma de oficinas de octubre se dio en rechazo a los descuentos aplicados por días de paro. A partir de ese hecho, las autoridades iniciaron actuaciones administrativas que culminaron con pedidos de cesantía para once empleados y sanciones para otros involucrados.

Desde el Ministerio de Salud se sostiene que el procedimiento responde exclusivamente a faltas disciplinarias vinculadas al funcionamiento institucional y no a la actividad sindical en sí.

La posición de los gremios

Por su parte, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE Garrahan rechazan las acusaciones y sostienen que se trata de una persecución sindical. Sus dirigentes anunciaron la convocatoria a asambleas, la presentación de amparos judiciales y nuevas medidas de fuerza.

Alejandro Lipcovich (ATE) y Norma Lezana (APyT), ambos alcanzados por el pedido de cesantía, señalaron que las sanciones buscan "disciplinar" a quienes encabezaron los reclamos salariales del año pasado. También confirmaron que participarán de movilizaciones contra la reforma laboral que se debate en el Congreso.

Los gremios sostienen que el proceso interno vulnera el derecho a la defensa y cuestionan la falta de instancias de diálogo con la dirección del hospital.

Definición en la Justicia

Más allá de las posiciones enfrentadas, el punto central ahora se trasladará al ámbito judicial. Para que las cesantías se hagan efectivas en el caso de los delegados sindicales, deberá iniciarse el correspondiente juicio de desafuero, instancia en la que la Justicia laboral evaluará la legalidad del procedimiento y la proporcionalidad de las sanciones.

Mientras tanto, el conflicto reabre un debate más amplio sobre los límites entre el derecho a la protesta gremial, la prestación de servicios esenciales en salud y el alcance de las facultades disciplinarias del Estado en hospitales públicos.

El desenlace dependerá de las resoluciones judiciales y de la capacidad de las partes para encauzar un conflicto que vuelve a impactar en uno de los principales centros pediátricos del país.