07/08/2026
La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó un amplio operativo en un predio frutihortícola ubicado en las afueras de Mar del Plata, en el marco de una causa que investiga una presunta infracción a la Ley 26.364 de Trata de Personas. Durante el procedimiento fueron identificadas 148 personas y se secuestraron distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N.º 3, con intervención de la Secretaría Penal N.º 6, como parte de una investigación vinculada a un posible caso de explotación laboral.
Según informaron las autoridades, durante el operativo se identificó a 148 personas y se incautaron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, municiones, equipos tecnológicos y otros elementos considerados de interés para la causa. El valor total de lo secuestrado fue estimado en más de 51 millones de pesos.
La investigación permanece en curso y, hasta el momento, las autoridades no informaron imputaciones ni resoluciones judiciales definitivas.

Además de la Prefectura Naval Argentina, el operativo contó con la participación de distintos organismos nacionales y municipales.
Entre ellos estuvieron el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad de General Pueyrredón, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones.
Durante la inspección se verificaron las condiciones laborales, migratorias, de seguridad e higiene del establecimiento, además de realizar entrevistas a los trabajadores presentes como parte de la investigación judicial.
Finalizado el operativo, todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede de la Prefectura Mar del Plata y quedaron a disposición del juzgado interviniente.
La causa continúa abierta y busca determinar si existieron delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, una figura contemplada por la legislación argentina.
Los operativos por presuntas irregularidades laborales en establecimientos rurales se han convertido en una herramienta habitual de fiscalización cuando existen denuncias o investigaciones judiciales por posibles vulneraciones de derechos laborales.
En este caso, la investigación apunta a establecer si las condiciones detectadas durante la inspección configuran delitos previstos en la normativa vigente. El avance del expediente dependerá de las pruebas reunidas por la Justicia Federal.
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