Kicillof abandona a los bonaerenses: dejó sin cobertura a discapacitados que irrumpieron en IOMA para exigir respuestas

El contraste político es difícil de ignorar.

Mientras Kicillof multiplica sus apariciones públicas y avanza con el armado de su espacio Movimiento Derecho al Futuro, el problema de IOMA vuelve a instalarse en el centro de la agenda bonaerense. En los últimos días, el gobernador también tuvo una intensa actividad política fuera de la provincia: el 19 de agosto participó de un acto en Chaco junto a dirigentes sindicales que funcionó además como una muestra de respaldo a su eventual proyección presidencial. La discusión, entonces, no es solamente sanitaria. Es también política.

Porque el gobernador construyó buena parte de su identidad discursiva alrededor de la defensa de un Estado que acompaña, protege y garantiza derechos. En sus propios discursos sostiene que la salud debe ser entendida como un derecho y que el Estado debe estar presente.

El reclamo tuvo como eje las dificultades para acceder a tratamientos y la falta de respuestas de las autoridades.

Pero para las familias que dependen de IOMA, la presencia del Estado se mide de otra manera: en una autorización que llega, en un acompañante terapéutico que cobra, en un tratamiento que no se interrumpe, en un reintegro que no demora meses y en una prestación que efectivamente se sostiene.

Discapacidad: el reclamo que expone la contradicción

Durante la protesta, las familias reclamaron la continuidad y cobertura efectiva de las prestaciones, el pago de deudas y reintegros, menos burocracia y respuestas concretas. También plantearon la necesidad de que los prestadores puedan continuar trabajando y reclamaron un trato digno para las personas con discapacidad.

Uno de los problemas denunciados es el atraso en los pagos. Prestadores y acompañantes terapéuticos aseguran que las demoras de varios meses ponen en riesgo la continuidad de los servicios. El conflicto, por lo tanto, termina trasladándose directamente a los pacientes: cuando el prestador no puede sostener económicamente su actividad, el tratamiento queda comprometido.

Y no se trata de una discusión aislada. La situación de IOMA viene acumulando reclamos de afiliados, profesionales e instituciones. Una resolución municipal de Brandsen, por ejemplo, describió durante este año denuncias por demoras, falta de cobertura, suspensión de prestaciones y problemas en la atención, y señaló el impacto sobre trabajadores estatales, jubilados, pensionados y sus familias.

En agosto, además, una investigación periodística puso bajo la lupa compras de elementos para personas con discapacidad. TN informó adjudicaciones de sillas de ruedas y otros dispositivos con diferencias significativas respecto de precios de mercado, en medio de la crisis financiera y administrativa que atraviesa el organismo.

La paradoja es evidente: mientras algunas familias denuncian que no consiguen respuestas para sostener prestaciones esenciales, el organismo provincial también queda cuestionado por el modo en que administra recursos destinados precisamente a atender esas necesidades.

El problema que Kicillof no puede convertir en discurso

El gobernador tiene una explicación política para buena parte de los problemas de la Provincia: responsabiliza al Gobierno nacional por el ajuste, la caída de recursos y el deterioro de distintas áreas.

La crítica al Gobierno de Javier Milei forma parte central de su discurso. En sus intervenciones recientes, Kicillof volvió a presentar la elección y la disputa política como una confrontación entre un modelo de Estado presente y otro que, según sostiene, pretende recortar derechos.

Mientras Axel Kicillof profundiza su agenda política y proyecta su liderazgo nacional, en La Plata familias, acompañantes terapéuticos y prestadores acamparon frente a la sede central de IOMA para exigir respuestas por prestaciones que no llegan, pagos atrasados y tratamientos que están en riesgo.

El problema aparece cuando esa discusión baja del escenario a la vida cotidiana.

Porque IOMA no depende de la Casa Rosada. Es la obra social de la Provincia de Buenos Aires. Y las familias que reclamaron frente a su sede central no estaban pidiendo una definición ideológica sobre el rumbo de la Argentina. Estaban reclamando respuestas a la estructura que conduce el propio gobierno bonaerense.

Kicillof puede cuestionar a Milei, disputar el liderazgo del peronismo, recorrer el país y construir una eventual candidatura nacional. Todo eso forma parte de la política.

Pero existe otra política, menos atractiva para las cámaras y mucho más urgente: la que ocurre cuando una madre tiene que ir personalmente a una oficina pública para conseguir que su hijo continúe un tratamiento.

La campaña puede esperar; las prestaciones, no

El conflicto de IOMA coloca a Kicillof frente a una contradicción incómoda.

El gobernador busca proyectarse como dirigente nacional y, al mismo tiempo, necesita demostrar que puede administrar la provincia que pretende utilizar como plataforma de ese proyecto. En esa ecuación, cada crisis bonaerense deja de ser solamente un problema de gestión y pasa a convertirse también en un problema político.

Y la discapacidad es probablemente uno de los peores lugares para que esa contradicción quede expuesta. Porque no hay margen para promesas. Los tratamientos tienen continuidad, los chicos necesitan sus terapias y las familias necesitan previsibilidad.

El Estado presente que reivindica Kicillof no puede aparecer solamente en los discursos. Tiene que aparecer cuando una familia necesita una prestación.

Por eso, la imagen de madres, familiares y prestadores reclamando frente a IOMA resulta más potente que cualquier acto partidario: muestra la distancia entre el relato político y la realidad de quienes dependen todos los días de la gestión bonaerense.

Mientras Kicillof construye su futuro político, hay bonaerenses que están intentando resolver su presente.

Y para ellos, la campaña no es la prioridad.

La prioridad es que IOMA responda.