La paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a entrar en un punto crítico. Tras el vencimiento del plazo de tregua acordado con el Gobierno nacional, el gremio que conduce Roberto Fernández denunció el estancamiento de las negociaciones salariales y advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.

El conflicto se reactivó luego de que fracasaran las conversaciones para definir una actualización de los salarios durante el segundo semestre de 2026, en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre sobre el esquema de subsidios al transporte.

Qué reclama la UTA en la paritaria de colectivos del AMBA

A través de un duro comunicado, la UTA acusó a las cámaras empresarias de incumplir sus obligaciones salariales y cuestionó que responsabilicen al Estado por la falta de recursos.

"Nuestros empleadores son los empresarios, nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado. Ellos deben pagar nuestro salario, un salario digno", expresó el sindicato.

La organización gremial sostiene que las patronales utilizan la discusión sobre subsidios y compensaciones tarifarias para justificar la falta de una oferta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Actualmente, el salario básico conformado de un conductor de corta y media distancia del AMBA es de 1.425.500 pesos, aunque con adicionales por antigüedad, viáticos y premios puede acercarse a los dos millones de pesos mensuales.

Choferes de colectivos del AMBA esperan una definición de la paritaria mientras crece la posibilidad de medidas de fuerza impulsadas por la Unión Tranviarios Automotor.

Roberto Fernández cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, apuntó contra el Gobierno nacional y aseguró que el gremio fue excluido de las discusiones sobre el futuro del sistema de transporte.

"Queremos que nos digan cuánta plata vamos a ganar en diciembre con una inflación que supera todos los acuerdos que podemos hacer", afirmó el dirigente.

Además, cuestionó la falta de diálogo con la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía.

"Hace un año que en la Secretaría de Transporte no nos atienden. Al ministro de Economía le mandé más de 100 cartas para analizar la situación del sector", sostuvo Fernández.

La UTA también expresó preocupación por una posible reestructuración de los subsidios que podría modificar la distribución de fondos entre las empresas del sector.

La negociación salarial de la UTA y el impacto de los subsidios al transporte

El conflicto salarial se da en medio de un proceso de revisión del esquema de compensaciones estatales para el transporte público.

Las empresas sostienen que la actualización de salarios depende de una mayor asistencia estatal o de una modificación del sistema tarifario. Sin embargo, el gremio rechaza ese argumento y remarca que las discusiones sobre subsidios no pueden condicionar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

La falta de acuerdo reabre un debate de fondo sobre la sustentabilidad del sistema de transporte en Argentina y el rol del Estado en el financiamiento del servicio.

Paro de colectivos: qué puede pasar en los próximos días

La UTA advirtió que, si no hay avances concretos en la negociación paritaria, podría adoptar medidas de fuerza que afecten el servicio de colectivos en el AMBA.

"Sabemos qué medidas debemos tomar. Basta de dilaciones. La paciencia se convierte en un bien escaso. Nos queda la lucha", señaló el sindicato.

Aunque todavía no hay una fecha definida para un posible paro, el endurecimiento del discurso gremial aumenta la incertidumbre entre millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

La negociación salarial entre la UTA y las empresas de transporte continúa estancada mientras persiste la incertidumbre sobre los subsidios al sector.

El impacto político y económico del conflicto en el transporte

La disputa salarial entre la UTA y las empresas de colectivos suma presión sobre el Gobierno nacional, que busca contener la inflación y reducir el gasto en subsidios.

Una eventual interrupción del servicio podría generar un fuerte impacto económico y social en el AMBA, donde millones de personas utilizan el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio.

Además, el conflicto expone las tensiones entre la política de ajuste fiscal impulsada por la administración nacional y las demandas salariales de sectores estratégicos de la economía.