04/05/2026
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida pone en marcha un esquema orientado a promover la registración de trabajadores no declarados a través de la reducción de contribuciones patronales durante un período determinado.
El régimen contempla una disminución de cargas sociales por hasta cuatro años para empleadores que incorporen personal no registrado. La aplicación alcanza a relaciones laborales que se inicien entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, siempre que sean debidamente registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La normativa establece que podrán ser incluidos trabajadores que no hayan tenido empleo formal previo reciente, personas desocupadas en los meses anteriores a su contratación, ex monotributistas sin vínculo de dependencia reciente y quienes provengan del sector público sin continuidad laboral en el ámbito privado.
Como condición, las nuevas incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la nómina total de cada empleador. Además, se prevén sanciones en caso de incumplimiento, que incluyen el pago de aportes adeudados, intereses y penalidades, bajo control del organismo recaudador.
La implementación de este tipo de herramientas se inscribe en una serie de antecedentes de políticas orientadas a la formalización del empleo. En experiencias previas, distintos factores como el nivel de fiscalización, los costos laborales y las condiciones del mercado de trabajo incidieron en los resultados obtenidos, lo que plantea un escenario abierto respecto del impacto efectivo de la medida.
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