Revés judicial al Gobierno: la Justicia laboral de Río Negro declaró inconstitucional el DNU 731/24 sobre propinas

La ofensiva del Gobierno para redefinir ingresos laborales volvió a chocar contra los tribunales. La Cámara de Trabajo de Cipolletti declaró inconstitucional el DNU 731/2024, una norma con la que el Ejecutivo pretendía quitar el carácter remunerativo a beneficios obtenidos por los trabajadores, incluidas las propinas administradas en la llamada "caja de empleados" de los casinos. El fallo se convierte en la primera sentencia del país que frena formalmente el decreto, reinstalando las cargas sociales sobre esos montos y reforzando la protección salarial en una actividad donde la propina es parte estructural del ingreso.

La causa "Tojo Pablo Raúl y otros c/ Emprendimientos Crown SA" fue iniciada por empleados de una sala de juego de Río Negro, quienes denunciaron que la empresa había ajustado las liquidaciones siguiendo el DNU y transformando la propina en un concepto no remunerativo. Los trabajadores recordaron que el CCT 1471/15 E reconoce la habitualidad de esas sumas, que históricamente tributaron al SIJP, y que el esquema de reparto está pactado entre la compañía y el sindicato ALEARA. La firma, en cambio, alegó que se limitaba a cumplir el decreto presidencial.

La Justicia rionegrina rechazó esa postura con dureza. La Cámara sostuvo que el DNU carece de necesidad y urgencia, ya que no existió ninguna razón que impidiera el funcionamiento del Congreso ni justificara una modificación unilateral de la Ley de Contrato de Trabajo. También remarcó que, en el sector del juego, las propinas constituyen un ingreso habitual, no prohibido y directamente vinculado a la prestación laboral, por lo que deben integrarse al salario y quedar sujetas a los aportes establecidos por la Ley 24.241.

El fallo marca un precedente clave: reconoce que los montos obtenidos "en ocasión del trabajo" no pueden ser vaciados de contenido salarial por decreto, y que la seguridad social no es negociable cuando se trata de proteger derechos previsionales. Para el Gobierno, es un nuevo golpe judicial en su intento de avanzar con una flexibilización por decreto; para los trabajadores, una confirmación del principio básico de que remuneración es todo lo que el empleado recibe por su labor, aunque algunos pretendan redefinirlo por la vía administrativa.