Alerta en Rosario: orden de desalojo amenaza la continuidad de la cooperativa Trechel

La cooperativa Trechel, histórica fábrica de jugos ubicada en la ciudad de Rosario, atraviesa horas de máxima preocupación tras recibir una orden de desalojo impulsada por el Gobierno nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La resolución establece un plazo de diez días para dejar el inmueble y genera incertidumbre sobre el futuro de la planta y sus trabajadores.

La empresa funciona bajo gestión cooperativa desde 2011, luego de haber sido recuperada por sus empleados tras la quiebra de la firma original. Actualmente, el emprendimiento sostiene alrededor de 14 puestos de trabajo, aunque en otros períodos llegó a emplear a más de veinte personas.

Rechazo al desalojo

Desde la cooperativa rechazaron la medida y aseguraron que continuarán defendiendo la continuidad de la fábrica. Los trabajadores sostienen que el predio pertenece al Estado nacional, pero remarcan que venían impulsando gestiones para regularizar la situación del inmueble y mantener la actividad productiva.

En ese marco, denunciaron que la decisión responde a una política de desprendimiento de bienes estatales sin contemplar el impacto social y laboral que podría provocar el cierre de experiencias autogestionadas.

"Somos trabajadores que producimos y sostenemos nuestras familias con esta fábrica", expresaron desde la cooperativa al declarar el estado de alerta permanente.

Trabajo y producción en riesgo

Trechel representa una de las experiencias de recuperación de empresas más conocidas de Rosario. Durante más de una década logró mantenerse activa en un contexto económico complejo, sosteniendo producción y empleo genuino.

El eventual desalojo no solo pondría en riesgo las fuentes laborales directas, sino también toda una estructura vinculada a la economía social y cooperativa.

Distintos sectores sindicales y organizaciones sociales comenzaron a manifestar su respaldo a los trabajadores y advirtieron sobre las consecuencias que tendría el cierre de la planta para el entramado productivo local.

Acciones judiciales y respaldo político

Frente a la inminencia de la medida, la cooperativa analiza avanzar con presentaciones judiciales para intentar frenar el desalojo. Además, se preparan acciones de visibilización y apoyo, entre ellas un abrazo solidario frente a la fábrica.

Los trabajadores también solicitaron la intervención del gobierno de Santa Fe y del municipio de Rosario para abrir una instancia de negociación con Nación y preservar la continuidad laboral.

El conflicto vuelve a poner en debate el rol del Estado frente a las empresas recuperadas y el impacto que determinadas políticas pueden tener sobre proyectos productivos gestionados por sus propios trabajadores.