24/05/2025

La voz de los trabajadores

APLA denunció al Gobierno argentino ante la OIT por limitar el derecho a huelga y flexibilizar contratación en el sector aéreo

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunció al Gobierno argentino ante la OIT por restringir el derecho a huelga y eliminar la obligación de contratar personal argentino en servicios aerocomerciales.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) presentó una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno argentino, acusándolo de implementar medidas que limitan el derecho a huelga en el sector aerocomercial y eliminan la obligatoriedad de emplear personal argentino en servicios aéreos que operan en el país.


La denuncia fue presentada en el marco de un creciente conflicto entre sindicatos aeronáuticos y el Ejecutivo, tras la reciente reforma del régimen laboral del transporte aéreo impulsada por el Gobierno. Según APLA, estas disposiciones "violan convenios internacionales ratificados por Argentina" y "representan un retroceso en los derechos laborales y la soberanía aeronáutica".

Uno de los puntos más criticados por el gremio es la supresión de la norma que obligaba a las aerolíneas extranjeras a contratar personal argentino cuando operan rutas dentro del país. APLA considera que esta medida facilita la precarización laboral y pone en riesgo empleos locales.

Además, la organización gremial denunció que el nuevo marco normativo impone restricciones al derecho de huelga, lo que, a su entender, vulnera la libertad sindical y el derecho a la protesta reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales.

Desde el Gobierno aún no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia, aunque fuentes del Ministerio de Transporte señalaron que las reformas buscan "mejorar la competitividad del sector aéreo y fomentar nuevas inversiones".

La presentación ante la OIT abre un nuevo frente de conflicto sindical en un contexto de tensión creciente en el sector del transporte y podría derivar en sanciones o recomendaciones al Estado argentino por parte del organismo internacional.

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