15/01/2026
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un presunto desvío de fondos públicos por 3.863 millones de pesos en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), recursos que tenían como finalidad cubrir salarios y tareas de mantenimiento operativo en la Planta Industrial de Agua Pesada, ubicada en la provincia de Neuquén. Frente a la falta de respuestas oficiales, el sindicato anunció medidas de fuerza y cortes de ruta.
Según informó la organización sindical, el dinero había sido asignado mediante una ampliación presupuestaria concretada en diciembre de 2025 y debía ser transferido a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería, responsable de la administración de la planta. Sin embargo, los fondos no llegaron a destino y su utilización actual no fue aclarada por las autoridades del organismo.
Desde ATE sostienen que la ausencia de esos recursos derivó en el incumplimiento del pago de haberes correspondientes a diciembre, situación que afecta directamente a los trabajadores y sus familias. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, afirmó que los fondos contaban con una asignación específica y no podían ser redireccionados sin respaldo administrativo.
El dirigente advirtió además que la falta de financiamiento compromete la compra de insumos básicos y pone en riesgo la continuidad operativa de una instalación considerada estratégica para el sector energético.
El gremio apuntó directamente contra la actual conducción de la CNEA, al señalar que la decisión de no transferir los recursos fue adoptada por el presidente del organismo, Martín Porro. De acuerdo con la denuncia sindical, el dinero debía haberse utilizado para garantizar el normal funcionamiento de la planta y evitar conflictos laborales.
ATE reclamó conocer con precisión qué ocurrió con los fondos, cuál fue su destino final y bajo qué criterio se tomó la decisión administrativa que impidió el pago de los salarios.
Ante la falta de explicaciones oficiales, el sindicato confirmó que avanzará con cortes de ruta en Neuquén, puntualmente sobre el puente Arroyito de la Ruta Nacional 22, como parte de un plan de lucha que se mantendrá hasta que se regularice la situación salarial y se esclarezca el manejo del presupuesto.
Desde la organización remarcaron que no descartan impulsar acciones judiciales si no se inicia una investigación que determine posibles responsabilidades administrativas o penales.
El conflicto se suma a una serie de reclamos que atraviesan al sector estatal vinculados al financiamiento de áreas estratégicas, el ajuste presupuestario y la incertidumbre laboral. Para ATE, el caso de la Planta Industrial de Agua Pesada expone un escenario de vaciamiento, con consecuencias directas sobre el empleo y la soberanía energética.
Mientras tanto, los trabajadores continúan a la espera de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional y de la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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