22/10/2024

Comisión interna

AYSA a punto de ser privatizada por el gobierno

El Gobierno acelera la privatización de AySA y busca un operador fuerte para vender hasta el 45% de la empresa

En medio de crecientes desafíos económicos y fiscales, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para avanzar en la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Según fuentes cercanas al Ministerio de Economía, el plan contempla la venta de hasta el 45% de las acciones de la compañía, una medida que apunta a reducir la carga financiera sobre el Estado y atraer inversiones del sector privado para mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento en el país.


El proceso, que se ha acelerado en las últimas semanas, busca captar a un operador privado de renombre que tenga la capacidad de gestionar la empresa eficientemente, garantizar la continuidad y mejorar los servicios. El Gobierno ha sostenido que la incorporación de un socio privado no solo traerá inversiones frescas, sino que también ayudará a modernizar las operaciones de AySA, cuyo mantenimiento y expansión son críticos para más de 14 millones de usuarios en la región metropolitana de Buenos Aires.

"La venta parcial de AySA es parte de nuestra estrategia para reducir el déficit fiscal, mejorar los servicios públicos y atraer capital privado a áreas clave como el agua y saneamiento", afirmó una fuente oficial que pidió no ser identificada. "Queremos asegurarnos de que el socio que elijamos tenga el músculo financiero y la experiencia operativa para asumir este desafío", añadió.

El proceso de licitación ya ha despertado el interés de varias compañías internacionales y consorcios, en especial en América Latina y Europa, que ven en AySA una oportunidad de negocio con alto potencial. Sin embargo, la privatización enfrenta resistencia de sectores políticos y sindicales que temen que la medida afecte la calidad del servicio o provoque aumentos en las tarifas.

A medida que se acerca el fin de año, el Gobierno busca cerrar la primera fase del proceso antes de las elecciones presidenciales, en un intento por asegurar que la privatización avance independientemente del resultado electoral.

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