Tras la aprobación del histórico convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente en la economía de plataformas, diputados nacionales del bloque peronista presentaron una iniciativa para modificar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Los legisladores Kelly Olmos, Cristian Andino y Hugo Moyano (h) unificaron distintas propuestas previas en un proyecto que busca incorporar al marco normativo argentino los principios establecidos por el organismo internacional.

La iniciativa apunta a revertir aspectos de la actual Ley de Modernización Laboral que, según sus impulsores, consolidan la precarización laboral de quienes prestan servicios a través de aplicaciones digitales.

¿Qué establece el nuevo convenio de la OIT?

El acuerdo aprobado por la OIT constituye el primer tratado internacional vinculante destinado específicamente a regular las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales.

Entre sus principales puntos, el convenio reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y negociar colectivamente salarios y condiciones de trabajo.

Además, establece que las plataformas deben garantizar el acceso a la seguridad social en condiciones equivalentes a las del resto de los trabajadores.

Otro de los ejes centrales es la regulación del uso de algoritmos y sistemas automatizados. El texto contempla que los trabajadores puedan solicitar la revisión de decisiones automatizadas que impliquen la suspensión de cuentas, bloqueos o la omisión de pagos.

Asimismo, promueve la creación de mecanismos de resolución de conflictos que sean accesibles, seguros y eficaces.

El proyecto propone revisar aspectos de la Ley de Modernización Laboral para ampliar la protección de quienes trabajan mediante aplicaciones.

Las diferencias con la normativa vigente

La reforma laboral impulsada por el oficialismo reconoce la libertad de conexión de los trabajadores de plataformas, obliga a las empresas a brindar capacitaciones gratuitas y a disponer canales de atención para los prestadores.

Sin embargo, mantiene la responsabilidad sobre la inscripción fiscal, las obligaciones tributarias y la cobertura de seguridad social en cabeza de los propios trabajadores.

Además, la normativa establece que quienes trabajan mediante aplicaciones son considerados "proveedores" y aclara que esa condición no constituye un indicio de relación laboral.

En materia de cobertura ante accidentes, la ley habilita la contratación de seguros personales, aunque deja librada la definición de costos y responsabilidades al acuerdo entre las partes.

La iniciativa busca incorporar mayores garantías laborales para repartidores, conductores y otros trabajadores de aplicaciones.

Un proyecto con escasas chances de avanzar

Los autores del proyecto reconocen que el escenario parlamentario dificulta su tratamiento. La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado libertario Lisandro Almirón, no convoca reuniones desde marzo.

Desde la oposición cuestionan la falta de actividad legislativa y consideran que existe una paralización en el debate de las iniciativas impulsadas por bloques no oficialistas.

Pese a ello, los legisladores sostienen que la reciente aprobación del convenio de la OIT abre una nueva discusión sobre la necesidad de actualizar la regulación del trabajo en plataformas digitales y garantizar mayores niveles de protección laboral.

Un debate que crece a nivel global

La expansión de aplicaciones de reparto, transporte y servicios digitales reavivó el debate sobre los derechos laborales de millones de trabajadores en todo el mundo.

Mientras algunos países avanzan hacia el reconocimiento de vínculos laborales más protegidos, otros mantienen esquemas basados en la autonomía de los prestadores.

En ese contexto, la decisión de la OIT marca un nuevo estándar internacional que podría influir en futuras reformas legislativas en Argentina y en otros países de la región.