El conflicto laboral en Conarpesa se agravó luego de que la empresa no se presentara con sus directivos a la audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo de Chubut y confirmara su decisión de avanzar con el despido de 39 trabajadores. La firma negó que exista un conflicto colectivo y sostuvo que los trabajadores desvinculados fueron responsables de los incidentes ocurridos el 15 de julio en sus oficinas.

La audiencia se realizó en Puerto Madryn y terminó sin avances. A través de su abogado, Luis Ángel Novoa, Conarpesa presentó escritos en los que sostuvo que la compañía "no mantiene con su personal conflicto de ninguna naturaleza" y que tampoco produjo despidos entre los trabajadores que integran su plantilla.

Conarpesa ratificó los despidos y cuestionó el reclamo de los trabajadores

La empresa argumentó que los 39 trabajadores despedidos pertenecían formalmente a Agropez SA, una firma radicada en Rawson e integrante del mismo grupo empresario. Según la postura de Conarpesa, los empleados tenían previsto comenzar a trabajar el 1° de agosto en la planta de Puerto Madryn, pero todavía no formaban parte de la plantilla de la pesquera.

El abogado de la compañía también justificó la ausencia de los directivos al señalar que no estaban dadas las condiciones de seguridad y mencionó supuestas amenazas telefónicas contra el presidente de la empresa, Fernando Álvarez Castellano.

El empresario había ratificado horas antes su decisión de no revertir los despidos. En una entrevista radial, sostuvo que los trabajadores fueron desvinculados por haber tomado y ocupado violentamente las oficinas de la compañía durante una protesta.

Álvarez Castellano responsabilizó por los incidentes a trabajadores vinculados a los dirigentes sindicales Luis Núñez y "Pepe" Díaz. También aclaró que la revisión de los casos anunciada por la empresa no implicaría la reincorporación de los empleados, sino el eventual pago de las indemnizaciones correspondientes.

El STIA, SICONARA y SOMU respaldaron a los trabajadores despedidos y anunciaron medidas de alerta ante la falta de avances en la negociación con Conarpesa.

La empresa presentó filmaciones de la protesta del 15 de julio

Como parte de su presentación ante la Secretaría de Trabajo, Conarpesa entregó un pendrive con filmaciones de los incidentes ocurridos en las oficinas administrativas durante la protesta del 15 de julio.

La compañía sostiene que las imágenes demostrarían la existencia de disturbios y que los despidos responden a una conducta que considera una "injuria grave" en los términos de la legislación laboral.

Desde la empresa insisten en que no existe un conflicto colectivo de trabajo, sino un grupo de despidos cuya legalidad deberá ser analizada por las autoridades correspondientes. Además, Conarpesa trasladó parte de la discusión al ámbito penal y sostuvo que la Justicia deberá determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante la protesta.

El STIA exigió una negociación directa con los directivos de Conarpesa

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) cuestionó la postura de la empresa y reclamó que los directivos se presenten personalmente a negociar una salida al conflicto.

Luis Emilio Núñez, uno de los dirigentes señalados por Álvarez Castellano, sostuvo que el sindicato realizará los descargos correspondientes y pidió que los representantes de la empresa participen directamente de las conversaciones.

"De esta manera no vamos a resolver nada", afirmó el dirigente, quien también respondió al empresario y le pidió que se presente personalmente a la audiencia.

La Secretaría de Trabajo de Chubut fijó una nueva audiencia para este viernes a las 10, en un intento por retomar las negociaciones y evitar una escalada del conflicto laboral.

Conarpesa ratificó los 39 despidos y el conflicto laboral con los gremios portuarios continúa escalando en Puerto Madryn, Chubut.

SICONARA y SOMU respaldaron a los trabajadores y crece la tensión en los puertos de Chubut

El conflicto por los 39 despidos amenaza con extenderse al conjunto de la actividad portuaria de Chubut. El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) anunciaron su respaldo al STIA y se declararon en estado de alerta y movilización.

La intervención de los gremios portuarios aumenta la presión sobre Conarpesa y sobre las autoridades laborales, que deberán intentar encontrar una salida antes de que el conflicto derive en nuevas medidas de fuerza.

El caso combina una disputa por despidos, acusaciones cruzadas por los incidentes ocurridos en la empresa y una discusión sobre la responsabilidad de los trabajadores involucrados. La próxima audiencia será clave para determinar si existe margen para una negociación o si el conflicto continuará escalando con el respaldo de otros sindicatos de la actividad pesquera y portuaria.