El Sindicato de Viales rechazó el avance del Gobierno Nacional sobre la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y advirtió que el nuevo esquema de privatización podría afectar el empleo, la inversión en infraestructura y la seguridad vial en Argentina.

Desde el STVyARA cuestionaron la apertura de las ofertas económicas para los nuevos corredores de la Red Federal de Concesiones y sostuvieron que el modelo impulsado por el Ejecutivo "consolida un modelo que prioriza la recaudación por sobre la inversión".

El Sindicato de Viales cuestionó el plan de privatización de rutas nacionales

El gremio recordó que el Gobierno de Javier Milei continúa avanzando con la concesión de corredores viales mientras mantiene paralizada buena parte de la obra pública y reduce los recursos destinados al organismo responsable del mantenimiento de la red nacional.

Además, el sindicato señaló que el Ejecutivo persiste en su intención de reducir el rol del Estado en materia vial, pese a que el Congreso Nacional rechazó los términos del decreto que planteaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

"La única política vial de este Gobierno es abandonar las rutas, desfinanciar Vialidad Nacional y entregar todo al sector privado", afirmó Graciela Aleñá.

La dirigente sostuvo que el esquema oficial no presenta un plan integral para mejorar la infraestructura ni para garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente las rutas argentinas.

Trabajadores viales cuestionaron el avance de las concesiones impulsadas por el Gobierno y denunciaron que el modelo prioriza la recaudación por peajes sobre la inversión en infraestructura.

El gremio advirtió que el modelo prioriza los peajes sobre las obras

Uno de los principales cuestionamientos del Sindicato de Viales está relacionado con el alcance de las obras previstas en los corredores que serán concesionados.

Según el STVyARA, la mayor parte de los tramos contempla tareas de mantenimiento, pero no un programa de ampliación de rutas ni la ejecución de obras estructurales.

"Les interesa cobrar peajes, no construir rutas", sostuvo Aleñá, quien cuestionó que el Estado abandone sus responsabilidades mientras las empresas privadas administran el cobro a los usuarios.

La dirigente también puso como ejemplo el aumento del peaje en el Puente Rosario-Victoria, en la provincia de Santa Fe, que pasaría de $1.000 a $10.122,86.

El aumento del peaje en el Puente Rosario-Victoria generó críticas

Desde el sindicato cuestionaron que los usuarios deban afrontar un doble costo para sostener la infraestructura vial: por un lado, a través del impuesto a los combustibles y, por otro, mediante el pago de peajes.

Aleñá sostuvo que los ciudadanos terminan pagando dos veces por tareas básicas como el mantenimiento, el bacheo, el corte de pasto y la señalización de las rutas.

El gremio considera que el nuevo esquema de concesiones podría trasladar el costo del mantenimiento de la red vial a los usuarios sin garantizar que las empresas realicen las inversiones necesarias para ampliar y mejorar la infraestructura.

El Sindicato de Viales cuestionó el aumento de los peajes y denunció que los usuarios podrían terminar pagando dos veces por el mantenimiento de las rutas nacionales.

Vialidad Nacional enfrenta un escenario de desfinanciamiento

El Sindicato de Viales atribuyó el deterioro de las rutas nacionales a la falta de inversión pública y a la decisión del Gobierno de no destinar a Vialidad Nacional los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Según el gremio, esos fondos tienen como finalidad histórica financiar el mantenimiento y el desarrollo de la red vial argentina.

A su vez, el STVyARA alertó sobre el avance de la transferencia de rutas nacionales a las provincias. La organización sindical sostuvo que los gobiernos provinciales podrían quedar obligados a asumir tareas de mantenimiento sin recibir los recursos económicos necesarios.

"Primero vacían Vialidad Nacional, después abandonan las rutas y finalmente pretenden que las provincias se hagan cargo de un problema que ellos mismos generaron", afirmó Aleñá.

El conflicto por las rutas puede profundizar la disputa entre el Gobierno y los gremios

La nueva etapa de privatización de rutas nacionales profundiza la tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los trabajadores de Vialidad Nacional. Mientras el Ejecutivo busca reducir la participación estatal y ampliar la presencia de empresas privadas en la administración de los corredores, el sindicato denuncia un proceso de desmantelamiento del organismo público.

El conflicto no solo involucra el futuro laboral de los trabajadores viales, sino también el modelo de financiamiento y mantenimiento de la infraestructura estratégica de Argentina. El aumento de los peajes y la falta de obras de ampliación podrían convertirse en los principales puntos de discusión a medida que avance la Red Federal de Concesiones.

Desde el STVyARA, Graciela Aleñá sostuvo que los trabajadores continúan garantizando el funcionamiento de Vialidad Nacional pese a la falta de presupuesto y cuestionó el avance de las políticas de desfinanciamiento.