Contra el Acoso Sexual laboral: pese al gobierno, diputados logra avanzar con la ley

En un hecho histórico, la Cámara de Diputados logró aprobar un proyecto de ley que tipifica el acoso sexual en el ámbito laboral, penalizando tanto a los trabajadores que incurran en conductas de acoso como a las empresas que no actúen ante estas denuncias. A pesar de no contar con el apoyo del gobierno de tendencia libertaria, que se había mostrado reticente a regular aspectos de las relaciones laborales, el proyecto fue votado por una amplia mayoría en el Congreso.

La nueva ley establece penas para quienes incurran en acoso sexual, así como multas significativas para las empresas que, teniendo conocimiento de estos casos, no tomen medidas disciplinarias adecuadas para proteger a sus empleados. Con esta normativa, se busca garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia sexual, a la vez que se responsabiliza a las empresas de actuar contra estas conductas y evitar que sus trabajadores sean expuestos a situaciones de abuso o intimidación.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con El proyecto apunta a reformar la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para tipificar el acoso sexual en los ámbitos laboral y académico " la violencia y acoso sexual consiste en la «conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo».

Este avance legislativo responde a años de presión por parte de colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y sindicatos, quienes argumentaban que la falta de sanciones específicas permitía un clima de impunidad en los lugares de trabajo. Ahora, las empresas estarán obligadas a implementar políticas claras y transparentes de prevención y sanción del acoso sexual, y se verán sujetas a auditorías para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

El gobierno libertario, por su parte, emitió un comunicado en el que manifestaba su postura en contra de la intervención estatal en la regulación de las prácticas empresariales, considerando que este tipo de normativas limita la libertad de los empleadores y empleados para resolver sus conflictos. No obstante, los diputados a favor de la ley sostuvieron que el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad y bienestar de todos los trabajadores.

Con esta decisión, México se une a otros países de la región en la adopción de medidas legales para combatir el acoso sexual en el trabajo, consolidando un marco de protección laboral que, según expertos, podría reducir los casos de violencia y contribuir a una cultura de respeto en el ámbito profesional.