Despidos sin procedimiento legal en una fábrica de electrodomésticos de Catamarca desatan conflicto gremial

La industria metalúrgica volvió a encender alarmas en Catamarca. La empresa Neba, dedicada a la fabricación de heladeras y otros electrodomésticos, avanzó con el despido de 34 trabajadores sobre una dotación total de 90 personas, en una decisión ejecutada sin aviso previo y bajo cuestionamientos legales por parte del gremio.

Según relataron los propios operarios, las desvinculaciones se comunicaron de manera verbal cuando intentaron ingresar a la planta ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, en San Fernando del Valle de Catamarca. La situación generó un clima de fuerte tensión y protestas en los accesos al establecimiento.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciaron que la empresa intenta encuadrar los despidos en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, ofreciendo indemnizaciones reducidas y en cuotas, sin haber iniciado previamente un Procedimiento Preventivo de Crisis, requisito obligatorio para aplicar ese régimen.

"El argumento de la crisis no está respaldado por ninguna documentación. No hay proceso preventivo presentado y los despidos se realizaron sin causa", señalaron desde la seccional local del sindicato, que rechazó formalmente la propuesta empresaria y exige el pago completo de las indemnizaciones que marca la ley.

Los trabajadores también pusieron en duda la versión oficial de una supuesta caída de la actividad. Aseguran que hasta días antes de los despidos se realizaban horas extras y que la producción se mantenía en niveles habituales, con salida diaria de camiones cargados con mercadería. En ese contexto, crecen las sospechas de un posible vaciamiento de la planta.

A las cesantías se sumaron denuncias por condiciones laborales deficientes, con reclamos por falta de mantenimiento, problemas sanitarios y maquinaria obsoleta. Además, los operarios advirtieron que la forma en que fueron redactadas las notificaciones podría afectar el acceso al fondo de desempleo.

El conflicto se agrava si se tiene en cuenta que la empresa había accedido meses atrás a financiamiento público para ampliar su capacidad productiva, con proyectos de inversión anunciados para 2026 que, hasta el momento, no muestran avances concretos.

La Dirección de Inspección Laboral tomó intervención e intimó a la firma a presentar la documentación correspondiente. Mientras tanto, los trabajadores mantienen medidas de fuerza y reclamos en la Ruta Nacional 38, exigiendo respuestas y el cumplimiento de la normativa vigente.