El Gobierno acelera privatizaciones y los gremios alertan sobre una pérdida de soberanía

El avance del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno volvió a encender la alarma entre distintos gremios estatales y sectores estratégicos de la economía. La nueva etapa incluye empresas vinculadas a la energía, el transporte, la infraestructura vial, el servicio de agua y la actividad nuclear, en una política que desde el sindicalismo comparan con las reformas aplicadas durante la década del noventa.

La administración libertaria busca avanzar con concesiones y ventas parciales o totales de compañías públicas con el argumento de reducir el peso del Estado y obtener ingresos para fortalecer las reservas y afrontar compromisos financieros. Según estimaciones oficiales, el plan podría representar ingresos por varios miles de millones de dólares antes de fin de año.

Uno de los sectores donde el conflicto crece con fuerza es el energético. La transferencia de empresas vinculadas al transporte eléctrico y la intención de desprenderse de parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina despertaron fuertes críticas gremiales. Desde sindicatos del sector aseguran que el retiro del Estado pone en riesgo la soberanía energética y debilita áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

Preocupación en el sector nuclear

Trabajadores nucleares y dirigentes de ATE denunciaron que el proceso privatizador no sólo afecta a las centrales existentes, sino también a proyectos tecnológicos y científicos de largo plazo. Entre las principales preocupaciones aparecen la posible participación privada en la explotación de uranio y la paralización de iniciativas vinculadas a investigación y desarrollo.

Además, advirtieron sobre el futuro de la producción de radioisótopos utilizados en medicina y remarcaron que la Argentina ocupa un lugar relevante en materia nuclear dentro del hemisferio sur gracias a décadas de inversión estatal y formación científica.

Desde el gremio estatal señalaron que el proceso representa un "desmembramiento" del sistema nuclear argentino y anunciaron actividades y protestas para rechazar las medidas oficiales.

Rechazo sindical a las concesiones viales

La política oficial también avanza sobre el sistema vial nacional mediante nuevas concesiones privadas para la explotación y mantenimiento de rutas. El Ministerio de Economía ya adjudicó distintos corredores por plazos de hasta veinte años, bajo esquemas de peaje y administración privada.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional cuestionó con dureza la decisión y sostuvo que las rutas nacionales no deben ser tratadas como un negocio. Desde el sindicato consideran que el vaciamiento de Vialidad Nacional forma parte de una estrategia para reducir el rol estatal en infraestructura y favorecer la transferencia de recursos públicos al sector privado.

Además, criticaron la utilización de mecanismos de garantía financiera estatal para respaldar futuras concesiones y alertaron sobre el impacto que esto podría generar tanto en trabajadores como en pequeñas empresas vinculadas al sector.

AySA y otras empresas en la mira

La publicación de los pliegos para privatizar la mayoría accionaria de AySA fue otro de los puntos que generó fuerte repercusión. El Gobierno proyecta vender gran parte de la compañía encargada del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires mediante un esquema mixto que incluiría licitación y oferta de acciones.

Distintos sectores políticos y sindicales cuestionaron la medida y recordaron las dificultades que atravesó el servicio durante anteriores experiencias de gestión privada.

La lista de empresas alcanzadas por el programa oficial también incluye compañías ferroviarias, centrales térmicas, astilleros, servicios aeroportuarios y la Casa de la Moneda. Para los gremios, el proceso implica una retirada del Estado de sectores estratégicos y podría generar pérdida de empleo, menor control público y un deterioro de servicios esenciales.