07/07/2026
El Gobierno de Argentina avanzó con una nueva desregulación sobre la industria láctea al oficializar la eliminación de los controles comerciales que ejercía el Estado sobre el sector. La decisión quedó plasmada en la Resolución 103/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial.
Con esta medida, las industrias lácteas, usinas, depósitos y demás operadores de la cadena dejarán de estar obligados a inscribirse ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que también dejará de fiscalizar su actividad.
La resolución elimina a los operadores lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), creado en 2025 para registrar y controlar a los distintos actores de las cadenas agroalimentarias.
La decisión completa un proceso iniciado el pasado 11 de junio, cuando el Gobierno derogó el histórico Registro de Operadores Lácteos mediante la Resolución 81/2026, argumentando que ese sistema carecía de herramientas eficaces para fiscalizar, controlar y sancionar irregularidades.
A partir de ahora, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario limitará sus funciones exclusivamente al sector cárnico.
La medida se conoce en un escenario en el que distintos actores del sector vienen advirtiendo sobre un incremento del trabajo informal y de las operaciones fuera de los controles oficiales.
Durante más de tres décadas, el Estado exigió la matriculación obligatoria de los operadores lácteos para supervisar el cumplimiento de requisitos comerciales, impositivos y administrativos. Con la nueva normativa, esa obligación desaparece.
Aunque el sistema SIOCAL ya no incluirá a la actividad láctea, conservará su nombre original por razones administrativas y de continuidad operativa, pese a que dejará de registrar a ese sector.

Referentes del sector advirtieron que la eliminación del control comercial del Estado podría dificultar la fiscalización en la industria láctea.
La eliminación de estos controles forma parte del proceso de desregulación que impulsa el Gobierno nacional en distintos sectores de la economía.
En los fundamentos de la normativa, la Secretaría de Agricultura sostuvo que el antiguo registro presentaba deficiencias operativas y carecía de mecanismos efectivos para garantizar la actualización de la información y la fiscalización de los operadores.
Sin embargo, sectores vinculados a la actividad advierten que el retiro del Estado podría favorecer un mayor crecimiento de la informalidad en un momento complejo para la industria láctea, que además enfrenta cierres de empresas, dificultades económicas y pérdida de puestos de trabajo.
La decisión modifica de manera significativa el esquema de control comercial que rigió durante décadas sobre la cadena láctea argentina. En adelante, el sector funcionará sin la obligación de registrarse ante el organismo nacional encargado de la fiscalización comercial.
El alcance de esta desregulación y sus efectos sobre la competencia, la formalidad y el funcionamiento de la industria serán observados de cerca tanto por las empresas como por los trabajadores del sector.
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