Tras la postergación del tratamiento parlamentario de la reforma laboral, el Gobierno nacional comenzó a mover fichas para avanzar sobre una nueva legislación del trabajo rural. La iniciativa apunta a establecer un régimen específico para el sector agrario, con reglas diferenciadas según las realidades regionales, una estrategia que abre el debate sobre el impacto en las condiciones laborales y la informalidad.
La propuesta fue confirmada por el senador Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), quien señaló que el oficialismo buscará introducir cambios puntuales en la normativa vigente. El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la comisión de Trabajo del Senado y se prevé que sea tratado en el recinto el 10 de febrero, aunque su avance dependerá del escenario político.
Flexibilización y regímenes diferenciados
Según lo expresado por el legislador, la iniciativa apunta a reducir los costos laborales y facilitar la contratación en el sector rural. El esquema propuesto permitiría que las condiciones de trabajo se definan de manera más localizada, dejando atrás acuerdos nacionales que, según el oficialismo, no contemplan la diversidad productiva del interior del país.
Este enfoque, advierten sectores críticos, podría derivar en condiciones de contratación más precarias en las regiones con menor oferta de empleo, profundizando las desigualdades entre trabajadores rurales de distintas provincias.
Apoyos políticos y escenario en el Senado
Benegas Lynch sostuvo que el proyecto cuenta con respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, con quienes el oficialismo mantiene negociaciones. Desde ese espacio argumentan que la reforma responde tanto a demandas de empleadores como de trabajadores, y que permitiría reducir los altos niveles de informalidad laboral.
No obstante, el senador reconoció que aún es incierto el ritmo que tendrá el debate legislativo, en un Congreso atravesado por tensiones políticas y sindicales.
Críticas a los sindicatos y discurso oficial
En sus declaraciones, el referente de La Libertad Avanza volvió a apuntar contra los sindicatos, a los que responsabilizó por los elevados índices de informalidad en el trabajo rural. Según su visión, las regulaciones y la dirigencia gremial serían un obstáculo para la formalización, una postura que vuelve a eximir de responsabilidades a los empleadores que sostienen prácticas de contratación precaria.
El senador también vinculó el avance de la iniciativa con el respaldo electoral obtenido por Javier Milei, al que interpretó como un aval social para profundizar las reformas estructurales en el mercado laboral.
Un debate que anticipa conflicto
La avanzada sobre el trabajo rural se da en un contexto de creciente conflictividad gremial, con advertencias de movilización y rechazo por parte de organizaciones sindicales. Mientras el Gobierno busca sostener su agenda de flexibilización laboral, el debate promete reavivar la discusión sobre derechos laborales, desigualdad regional y el rol del Estado en un sector clave de la economía argentina.
