La nota fue firmada por la Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Las entidades sostuvieron que las restricciones a la circulación de los trabajadores de prensa dentro de la sede del Poder Ejecutivo dificultan la cobertura diaria y, en consecuencia, limitan el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público.
En el documento también señalaron que esas medidas afectan derechos garantizados por la Constitución Nacional y recordaron que el acceso de los periodistas a la Casa Rosada fue respetado por gobiernos democráticos de distintos signos políticos.
Preocupación por la libertad de prensa
Las organizaciones recordaron además el cierre de la Sala de Periodistas durante once días entre abril y mayo, una situación que, según indicaron, generó preocupación en organismos internacionales vinculados con la defensa de la libertad de prensa.

SiPreBA, FATPREN y la Federación Internacional de Periodistas advirtieron que las limitaciones afectan el acceso a la información y el ejercicio del periodismo.
En ese sentido, afirmaron que, en un contexto internacional marcado por crecientes desafíos para el periodismo, Argentina debe garantizar la libertad de expresión y condiciones adecuadas para el trabajo de los periodistas, al considerar que una prensa libre fortalece el acceso a la información y la calidad democrática.
Solicitan una reunión con el nuevo vocero
A raíz de la reciente designación de Adrián Ravier como vocero presidencial, SiPreBA, FATPREN y la FIP solicitaron una reunión para dialogar sobre las restricciones vigentes y otros aspectos relacionados con las condiciones laborales de los periodistas acreditados.
Las entidades manifestaron su voluntad de mantener un canal de diálogo institucional con el Gobierno para analizar la situación de la prensa y buscar soluciones a los reclamos planteados.
El pedido reabre el debate sobre las condiciones de acceso de los periodistas a las fuentes oficiales y la relación entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación, en un contexto en el que distintas organizaciones del sector vienen expresando preocupación por las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en Argentina.