20/10/2025
El análisis combina información de organismos internacionales -como OIT, OCDE, CEPAL y Banco Mundial- con indicadores locales del INDEC. Concluye que recortar costos laborales sin acompañamiento estructural no garantiza empleo estable ni mejora la eficiencia, sino que tiende a aumentar la rotación laboral, la informalidad y la desigualdad, al mismo tiempo que afecta la recaudación de la seguridad social y la demanda interna.
Entre los puntos más controvertidos se destacan:
Flexibilización de contratos y despidos: el informe advierte que, en economías de bajo crecimiento, la medida no genera empleo neto, sino que reemplaza puestos estables por relaciones laborales precarias.
Descentralización de paritarias: podría debilitar el poder de negociación de los trabajadores y causar caídas salariales reales en sectores con baja sindicalización.
Reducción de cargas sociales y contribuciones: según el documento, recortar estas obligaciones no asegura más empleo y puede generar déficits previsionales estructurales.
Fondos de cese e indemnizaciones: no solucionan la litigiosidad laboral y trasladan riesgos al trabajador, resultando insuficientes en actividades con relaciones continuas.
Jornada y organización del tiempo de trabajo: la reducción puede aumentar productividad si se reorganiza el trabajo, pero en sectores sensibles a horas-dependientes podría derivar en horas extras no registradas o pluriempleo. El informe también alerta sobre riesgos climáticos, recomendando pausas obligatorias y ajustes por calor.
En términos macroeconómicos, el documento advierte que estas medidas reducen el poder adquisitivo, afectando el consumo y la productividad agregada, y aumentan la desigualdad y los riesgos fiscales al erosionar la base contributiva.
Finalmente, el informe plantea siete recomendaciones técnicas: evaluar impactos previos, proteger salarios reales, fomentar la formalización laboral, garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, fortalecer el diálogo social, incorporar adaptación climática en la salud laboral y promover un desarrollo productivo con transición justa.
Aunque la CGT aún no emitió un comunicado oficial, fuentes sindicales indicaron que estos argumentos ya circulan entre dirigentes y podrían fundamentar una postura crítica frente a la reforma de Milei, priorizando evidencia internacional y la defensa de derechos laborales sobre la desregulación.
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