19/01/2026
La eliminación del arancel para la importación de teléfonos móviles encendió una señal de alerta en Tierra del Fuego, donde estiman que entre 2.000 y 2.500 trabajadores podrían perder su empleo como consecuencia directa de la medida. Desde distintos sectores provinciales advierten que el daño no se limitará al plano fabril, sino que afectará al conjunto del entramado económico fueguino.
La medida fue oficializada a través del decreto 333, publicado en el Boletín Oficial, y establece arancel cero para el ingreso de celulares importados. La decisión golpea de lleno al régimen industrial fueguino, uno de los principales motores productivos de la provincia y eje central de su estructura laboral.
Impacto directo sobre la industria electrónica
Según datos oficiales correspondientes a noviembre del año pasado, la industria fueguina emplea a 7.569 trabajadores directos, de los cuales el 83% pertenece al sector electrónico. Se trata del rubro más expuesto frente a la apertura importadora, que podría provocar una caída abrupta de la producción local.
Desde el ámbito provincial sostienen que el nuevo esquema comercial deja en una situación crítica a las plantas ensambladoras, que dependen del régimen diferencial para sostener la actividad y el empleo en una región con escasas alternativas productivas.
El efecto dominó sobre la economía local
El impacto, advierten, se amplifica si se tiene en cuenta el empleo indirecto. Cada puesto industrial que se pierde repercute en el comercio, el transporte, la logística, los servicios de mantenimiento y el sector gastronómico. En una provincia donde la industria explica buena parte del consumo interno, la contracción productiva implica una caída generalizada del poder adquisitivo.
Municipios y autoridades provinciales alertan que una reducción significativa de la actividad fabril afectará de manera directa a las principales ciudades fueguinas, profundizando la recesión y el deterioro social.
Críticas al argumento oficial
Desde el territorio fueguino cuestionaron con dureza la justificación oficial basada en una supuesta baja de precios para los consumidores. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, recordó que experiencias similares ya fracasaron en el pasado.
"Ese argumento ya lo escuchamos y fracasó. Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, se perdieron empleos y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio nunca llegó a la gente", señaló el jefe comunal, quien gobierna la ciudad más poblada de la provincia.
Pérez también rechazó la idea de que el régimen fueguino represente un sistema de privilegios y remarcó que se trata de una política orientada a sostener producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias.
Un conflicto con proyección nacional
El debate por la apertura de importaciones se suma a una creciente preocupación del movimiento sindical y de los sectores industriales frente a un modelo económico que prioriza el ingreso de productos del exterior por sobre la producción local. En Tierra del Fuego, el impacto amenaza con convertirse en un conflicto social de gran magnitud si no se revisa la medida.
Mientras tanto, trabajadores, sindicatos y autoridades locales siguen de cerca la evolución del escenario, con la advertencia de que la pérdida de miles de puestos laborales tendría consecuencias estructurales difíciles de revertir en el corto plazo.
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