La CGT anticipa que judicializará la reforma laboral si se aprueba sin cambios

La Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó que impugnará judicialmente la reforma laboral del Gobierno en caso de que sea aprobada tal como fue enviada al Congreso. La advertencia fue formulada por el cotitular de la central obrera, Jorge Sola, quien sostuvo que el proyecto presenta serias inconsistencias constitucionales.

"El proyecto tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional. Si avanza así, se van a encontrar otra vez con una pared", afirmó el dirigente sindical, al recordar que el capítulo laboral del DNU 70/2023 ya fue declarado inconstitucional por la Justicia.

Diálogo político y preparación judicial

Desde la CGT explicaron que, en una primera instancia, buscarán incidir en el debate parlamentario, especialmente en el Senado, para modificar los artículos más cuestionados. Sola señaló que ya mantienen contactos con senadores de distintos bloques dispuestos a escuchar la posición sindical.

Sin embargo, aclaró que la central obrera ya activó su estrategia jurídica y que su equipo de abogados analiza el texto de la reforma en detalle. Se trata del mismo cuerpo legal que logró frenar judicialmente el DNU laboral a fines de 2023.

El artículo 88, en el centro del conflicto

Uno de los puntos más polémicos es el artículo 88, que reglamenta el derecho de huelga y establece niveles mínimos obligatorios de prestación durante los conflictos gremiales:

• 75% en servicios considerados esenciales

• 50% en actividades calificadas como trascendentales

Según la CGT, esta regulación es más restrictiva que los estándares de la OIT y reproduce normas que ya fueron declaradas inconstitucionales en el pasado.

Servicios esenciales y actividades trascendentales

El proyecto amplía de manera significativa el listado de servicios esenciales, incluyendo salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación obligatoria, recolección de residuos y servicios vinculados al comercio exterior.

También define como actividades de importancia trascendental a sectores como el transporte terrestre, la industria alimenticia, la minería, la actividad agropecuaria, la banca, los servicios financieros, hoteleros, gastronómicos y el comercio electrónico, entre otros.

Desde el sindicalismo advierten que esta ampliación vacía de contenido el derecho de huelga, al imponer altos niveles de funcionamiento incluso durante medidas de fuerza.

Críticas que exceden al sindicalismo

Las objeciones a la reforma no provienen solo del ámbito gremial. El exministro de Trabajo Jorge Triaca advirtió que la iniciativa podría derivar en una ola de litigiosidad, al considerar que su redacción es ambigua y menos clara que normativas anteriores.

Triaca cuestionó especialmente la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que abriría la revisión de más de 1.700 acuerdos vigentes, y la indefinición sobre la prelación entre convenios por empresa y convenios sectoriales.

"Si el sistema no es equilibrado, deja desprotegidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad para los empleadores. Así no se crea empleo ni se fomenta la formalización", concluyó.

Con este escenario, la reforma laboral se encamina a un doble frente de conflicto: el debate político en el Congreso y una batalla judicial que la CGT ya da por descontada si el texto no sufre cambios sustanciales.