La CGT endurece su postura ante la reforma laboral, pero espera el texto final del Gobierno

La discusión por la reforma laboral volvió a tensar la relación entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT). En la central reconocen que el malestar interno "se profundizó" en las últimas semanas y que el rechazo se volvió más explícito. Sin embargo, la conducción decidió no formalizar ninguna postura hasta ver la letra chica del proyecto que el Ejecutivo planea presentar en extraordinarias.

"Estamos juntando músculo político. No rechazamos lo que no conocemos, pero el malestar crece", aseguró a TN un integrante de la mesa chica. La frase resume el delicado equilibrio que sostiene la central: un sindicato atravesado por presiones internas para elevar el nivel de confrontación, pero decidido -al menos por ahora- a mantener abiertos los canales de diálogo institucional.

El Gobierno ya terminó de redactar el proyecto, que incluye cambios en ultraactividad, convenios colectivos, financiamiento sindical y empresarial, relaciones individuales, y regulaciones para autónomos, bajo la coordinación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La intención oficial es iniciar el debate en el Senado entre el 10 y el 31 de diciembre, antes de la pausa legislativa de enero.

Un rechazo que crece puertas adentro

Las áreas técnicas de la CGT analizaron borradores informales que circularon en las últimas semanas y concluyeron que el proyecto tiene un perfil "regresivo". El nuevo triunvirato intenta contener la presión interna mientras sostiene contactos políticos para evitar quedar fuera de la discusión antes de que el texto ingrese al Congreso.

En ese sentido, Cristian Jerónimo, cosecretario general y titular del Sindicato del Vidrio, fue contundente: "La CGT no acompañará ninguna reforma regresiva". También cuestionó la "falta de voluntad" del Gobierno para abrir un ámbito de negociación real. Según el dirigente, la información que manejan proviene de bufetes empresariales, y los puntos filtrados "van a contramano" de cualquier estrategia para crear empleo formal.

La mesa chica coincide: la recesión, la caída del consumo y el impacto en las pymes son un escenario que vuelve riesgoso avanzar con una reforma sin consenso. Por eso, aunque el rechazo crece, la conducción insiste en esperar el texto final antes de escalar el conflicto.

Movimientos políticos y tensiones internas

La CGT se reunió en los últimos días con diputados sindicales, gobernadores peronistas y sectores empresarios pymes. La estrategia es reforzar la musculatura política antes de que arranque el debate parlamentario. En Azopardo interpretan que el Gobierno intenta saturar la discusión llevando "todo a la mesa" para dispersar resistencias, pero aseguran estar listos para ordenar prioridades y no perder de vista los puntos centrales.

Las expectativas de una convocatoria formal crecieron a partir de diálogos informales con el ministro del Interior, Diego Santilli, lo que reforzó la decisión de sostener prudencia pública mientras se acumula preparación interna.

Sin embargo, las diferencias dentro de la central se mantienen. El sector dialoguista cree que aún hay margen para evitar una embestida profunda sobre el modelo sindical, especialmente ante nuevas formas de trabajo que requieren debate. El ala dura, en cambio, reclama mayor movilización y una postura más frontal: temen que la apertura del debate derive en un recorte irreversible de derechos laborales.

Alertas por el contenido del proyecto

Los borradores que circularon alimentaron la desconfianza. Héctor Daer y otros referentes advirtieron que si el texto se asemeja al DNU 70/2023, la CGT "se va a oponer sin matices". Recordaron que haber ganado una elección "no habilita" a avanzar con cualquier reforma sin consenso social.

Por su parte, Mario "Paco" Manrique, del gremio de Mecánicos, fue todavía más directo: señaló que la reforma apunta a debilitar a los sindicatos y a profundizar un modelo "desindustrializador". "Ningún empresario va a tomar personal que no necesita, aunque ese trabajador fuera gratis", sostuvo, y alertó sobre un promedio de "30 fábricas que cierran por día". Para él, la respuesta no debe limitarse al plano institucional: "Cuando el Gobierno no entra en razón, lo único que queda es la movilización".

Con un proyecto que el Ejecutivo ya considera cerrado y un Congreso que se prepara para un verano legislativo inusual, en la CGT reconocen que todavía hay margen entre acuerdo y conflicto, pero admiten que el rechazo interno avanza con más velocidad que las señales de diálogo del Gobierno.