Paro docente en 16 provincias: gremios de la CGT denuncian pérdida salarial y desfinanciamiento educativo

El paro nacional docente de este lunes impactó en el inicio del ciclo lectivo 2026 en al menos 16 distritos. La medida fue convocada por organizaciones del sector que denunciaron deterioro salarial, recortes presupuestarios y ausencia de respuestas en la negociación colectiva.

La conferencia de prensa se realizó en la sede de la CGT y contó con la participación de dirigentes de la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). También estuvieron presentes cotitulares de la central obrera en señal de respaldo institucional.

En materia salarial, Sergio Romero (UDA) sostuvo que el salario docente atraviesa uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas y señaló que, según la mirada sindical, ningún trabajador del sector debería percibir menos de 500 mil pesos. Indicó además que la última reunión paritaria nacional pasó a cuarto intermedio sin una propuesta concreta del Ejecutivo.

Desde SADOP, Marina Jaureguiberry afirmó que, desde diciembre de 2023, el salario docente habría perdido un 38,5% de poder adquisitivo. Señaló que en algunas provincias existen haberes por debajo del salario mínimo y con alta proporción de sumas no remunerativas. También remarcó que el colectivo docente está integrado mayoritariamente por mujeres, lo que -según expresó- amplifica el impacto de la pérdida de ingresos en los hogares.

Otro eje de la conferencia fue el rechazo al proyecto denominado "Ley de Libertad Educativa", que el oficialismo anticipó que enviará al Congreso. Los gremios cuestionaron la falta de consulta previa y advirtieron que la iniciativa podría modificar el rol del Estado en el sistema educativo.

En relación con la posibilidad de declarar a la educación como servicio esencial, dirigentes sindicales manifestaron su desacuerdo y sostuvieron que esa figura podría limitar el derecho constitucional a huelga. Desde la conducción de la CGT señalaron que la educación es un factor clave para la movilidad social y que el conflicto docente se inscribe en un contexto más amplio de discusión sobre el modelo económico y la distribución de recursos.

El Gobierno nacional, por su parte, ha defendido la necesidad de reformas estructurales en distintas áreas, entre ellas la laboral y la educativa, en el marco de su programa de ajuste fiscal y reorganización del gasto público.

Con el inicio del calendario escolar condicionado en varias jurisdicciones, el conflicto permanece abierto. Las próximas convocatorias paritarias y el tratamiento legislativo del proyecto educativo serán determinantes para la evolución de la negociación entre el Ejecutivo y los gremios del sector.