La Corte Suprema limita las indemnizaciones laborales y fija una regla clave

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó una nueva pauta para los litigios por accidentes laborales al determinar que los tribunales de segunda instancia no pueden modificar una indemnización en perjuicio de quien presentó el recurso cuando la otra parte no cuestionó el monto de la sentencia.

La decisión surgió a partir del caso de Sergio Leandro Emanuel Pagani, un técnico electricista que sufrió un accidente laboral en agosto de 2017 mientras realizaba tareas de instalación sobre una escalera y sufrió una lesión en una rodilla.

En una primera instancia, la Comisión Médica había determinado una incapacidad permanente del 5%, porcentaje que luego fue elevado judicialmente al 16%. A partir de ese cálculo, Provincia ART fue condenada a pagar una indemnización superior a $240.000, más intereses.

El conflicto por el aumento de la indemnización

El trabajador no apeló el monto fijado en primera instancia y aceptó la sentencia. En cambio, Provincia ART cuestionó el método utilizado para calcular la reparación y presentó un recurso.

Al analizar el expediente, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la indemnización era insuficiente frente al piso mínimo previsto por la legislación sobre riesgos del trabajo.

Por ese motivo, la Cámara modificó de oficio la reparación y elevó el monto desde poco más de $240.000 más intereses hasta una suma superior a $1,6 millones, pese a que el trabajador no había solicitado esa revisión.

La regla que fijó la Corte Suprema

El caso llegó finalmente al máximo tribunal, que dejó sin efecto la resolución de la Cámara en un fallo unánime firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La Corte sostuvo que la decisión había vulnerado el principio de "reformatio in pejus", una garantía procesal que impide que una persona que es la única que apela una sentencia termine en una situación más desfavorable como consecuencia de su propio recurso.

En este caso, la ART había sido la única parte que apeló, mientras que el trabajador había aceptado el monto establecido en primera instancia.

Por eso, la Corte determinó que el tribunal superior no puede utilizar el recurso presentado por una de las partes para agravar su situación respecto de la sentencia original.

El máximo tribunal determinó que una indemnización no puede ser modificada de oficio si la otra parte no cuestionó el monto.

¿Qué significa el fallo para los trabajadores?

El máximo tribunal también señaló que las cámaras laborales no cuentan con facultades ilimitadas para revisar una sentencia. Su intervención debe mantenerse dentro de los agravios que fueron planteados efectivamente por las partes durante el proceso.

La decisión no impide que los tribunales laborales revisen o actualicen indemnizaciones. El punto central establecido por la Corte es que esa revisión debe respetar las condiciones procesales y los límites fijados por las apelaciones presentadas.

De esta manera, el fallo establece una pauta que podrá ser considerada en futuros litigios laborales: la protección de los derechos de los trabajadores no permite que los jueces se aparten de las garantías del debido proceso ni que modifiquen cuestiones que quedaron fuera de la apelación.

El impacto del fallo de la Corte Suprema

El pronunciamiento marca un límite a la posibilidad de que las cámaras laborales incrementen de oficio una indemnización cuando esa cuestión no fue cuestionada por la parte beneficiaria. La regla definida por la Corte pone el foco en el alcance de los recursos y en la prohibición de empeorar la situación de quien apela.

Para los trabajadores involucrados en litigios por accidentes laborales, el fallo introduce una pauta procesal relevante: si el trabajador acepta el monto de primera instancia y la ART es la única que apela, la Cámara no puede aumentar de oficio la condena.