Petrolera Oilstone se declara en crisis, abre concurso de acreedores y ya despidió 120 trabajadores

La petrolera Oilstone Energía SA, dedicada a la explotación de hidrocarburos convencionales en la Cuenca Neuquina, atraviesa una fuerte crisis financiera y solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus deudas.

La medida fue dispuesta el 20 de febrero por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 11 de la ciudad de Buenos Aires, luego de que la empresa informara que se encuentra en situación de cesación de pagos.

Según la presentación judicial, la compañía acumula deudas por 11,8 millones de dólares y busca ampliar los plazos de pago con sus acreedores, principalmente entidades bancarias.

Despidos y reducción de personal

En paralelo al proceso judicial, la petrolera avanzó con un recorte de personal, que implicó la salida de 120 trabajadores.

De acuerdo con datos de la empresa, la plantilla pasó de cerca de 300 empleados a 183 operarios, como parte de un plan de reorganización para afrontar la crisis.

La firma opera 15 concesiones petroleras que abarcan alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados en la región conocida como la Comarca Petrolera, histórica zona de producción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén.

Impacto del auge de Vaca Muerta

Uno de los factores que explican la situación de la compañía es el cambio estructural que atraviesa la industria energética, marcado por el crecimiento del desarrollo no convencional en Vaca Muerta.

Según la empresa, el aumento de la producción en ese yacimiento provocó caídas en los precios del gas natural y mayores dificultades para acceder a los sistemas de transporte, lo que afectó la rentabilidad de los proyectos convencionales.

Negociaciones con el gobierno provincial

Desde 2024 la compañía también negocia con el gobierno de Neuquén la prórroga de varias concesiones petroleras, un proceso que actualmente se encuentra frenado a la espera de la evolución del concurso de acreedores.

Las autoridades provinciales solicitaron a la empresa la presentación de un plan de abandono seguro de pozos e instalaciones, requisito habitual para extender permisos de explotación.

Sin embargo, ese proceso implica costos adicionales para las compañías del sector convencional, que deben invertir recursos para cerrar pozos incluso cuando la producción es baja.