23/01/2026
Mientras continúan las negociaciones parlamentarias por la reforma laboral, el Gobierno nacional puso en marcha una modificación clave del sistema de riesgos de trabajo a través del decreto 549/2025, firmado en agosto del año pasado y con entrada en vigencia prevista para el 2 de febrero.
La norma actualiza la tabla de evaluación de incapacidades laborales, vigente desde 1996, y redefine los criterios médicos que determinan el porcentaje de incapacidad de los trabajadores afectados por enfermedades o accidentes laborales, un dato central para el cálculo de las indemnizaciones.
El nuevo baremo elimina el reconocimiento de patologías frecuentes como lumbalgias y cervicalgias, y reduce los porcentajes de incapacidad asignados a diversas afecciones, entre ellas hipoacusia, lesiones de rodilla y hernia de disco. También establece nuevas escalas de evaluación que, según especialistas, amplían el margen de interpretación de los evaluadores.
Las indemnizaciones por riesgos de trabajo surgen de una fórmula que combina salario, edad del trabajador y porcentaje de incapacidad. Por ese motivo, la reducción de esos porcentajes implica montos más bajos para los trabajadores afectados.
El decreto fue elaborado en el ámbito del Comité Consultivo Permanente (CCP), bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), organismo que conduce Gustavo Morón. En el CCP participan representantes del Estado, del sector empresario y de las organizaciones sindicales.
Durante la reunión en la que se aprobó la nueva tabla, la CTA de los Trabajadores fue la única central que votó en contra. Los representantes empresariales respaldaron la modificación, mientras que la CGT planteó la necesidad de realizar un seguimiento de su aplicación.
Abogados laboralistas señalaron que el nuevo esquema podría incrementar los conflictos judiciales, debido a la diferencia entre los dictámenes administrativos de la SRT y los fallos de la justicia laboral. Además, remarcaron que el decreto establece la aplicación del nuevo baremo a causas en trámite, siempre que aún no exista dictamen definitivo, independientemente de la fecha del accidente o enfermedad.
En ese marco, se registraron demoras en las resoluciones médicas durante los últimos meses, vinculadas a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
La actualización del baremo médico se inscribe en una serie de modificaciones regulatorias que impactan sobre el sistema de riesgos de trabajo y las condiciones de reparación económica para los trabajadores, en un contexto de debate más amplio sobre la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
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