10/12/2025
El informe final del Consejo de Mayo, difundido este martes por el Gobierno, dejó expuesta la posición que la CGT sostuvo puertas adentro del espacio donde se discutió la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Aunque la central obrera ratificó su rechazo a "cualquier reforma", su representante, Gerardo Martínez, no solo participó de las deliberaciones sino que presentó un paquete propio de modificaciones a la legislación vigente, centrado en la Ley de Contrato de Trabajo y en la creación de un nuevo esquema federal de formación.
La CGT propuso un Sistema Integral de Formación Profesional para convertir la capacitación en un eje de desarrollo productivo, con reconocimiento de saberes, certificación de competencias, créditos formativos y una red de Centros Tecnológicos Regionales con participación de universidades, empresas y sindicatos. La apuesta sindical apunta a que la transición tecnológica quede bajo un modelo tripartito donde el movimiento obrero mantenga un rol central.
El documento revela además un entendimiento entre la CGT y la UIA para instalar mesas permanentes que identifiquen déficits de habilidades, ajusten currículas, formen instructores y anticipen las demandas del mercado laboral, incluida la expansión de los empleos verdes.
En paralelo, Martínez -junto al industrial Martín Rappallini- impulsó medidas para bajar la litigiosidad y habilitar mayor flexibilidad negociada en los convenios colectivos, especialmente en las PyMEs, a través de bancos de horas, nuevas formas de organización de la jornada, reglas de compensación más claras, comités de salud fortalecidos, comisiones médicas más ágiles y mecanismos de conciliación y arbitraje más rápidos.
La central obrera también propuso adaptar la Ley de Contrato de Trabajo a las transformaciones productivas sin perder la tutela protectoria. En esa línea, pidió clarificar los estándares de prueba, delimitar con precisión el alcance de la LCT en actividades como las plataformas digitales, redefinir beneficios no remunerativos, permitir remuneraciones variables por mérito, sostener la indemnización por antigüedad pero con posibilidad de fondos de cese sectoriales, agravar el despido discriminatorio y actualizar el régimen de licencias, vacaciones e indexación de créditos laborales.
Pese a ese listado de aportes, el informe subraya que la CGT mantuvo su rechazo político al proyecto del Ejecutivo. Pero también deja constancia de que el resto de los consejeros y los gobernadores del Pacto de Mayo consideraron "fundamental" avanzar con una modernización laboral, un punto que tensiona cada vez más la relación entre el Gobierno y el principal bloque sindical del país.
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