Represión en Concepción: Carlos Cisneros denunció presiones judiciales tras excluir a La Bancaria de la causa

La investigación por la represión policial ocurrida el 5 de diciembre de 2025 frente a la sucursal del Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, sumó un nuevo capítulo. El diputado nacional y referente de La Bancaria, Carlos Cisneros, criticó duramente la decisión del juez Raúl Robin Márquez de rechazar la participación del sindicato como querellante en la causa y denunció presuntas presiones políticas sobre la Justicia provincial.

El dirigente sindical sostuvo que la resolución judicial busca limitar la actuación del gremio en el expediente y advirtió que la medida representa un intento de disciplinar al movimiento obrero.

La Justicia rechazó a La Bancaria como querellante

El conflicto se originó luego de que el juez Raúl Robin Márquez ratificara que la Asociación Bancaria no reúne la condición de damnificada directa para intervenir como querellante en la investigación por la represión policial registrada durante una protesta frente al Banco Patagonia.

Según la resolución, el sindicato no sería víctima directa de los hechos investigados, criterio que fue rechazado por Cisneros, quien recordó que durante el operativo resultaron golpeados dirigentes gremiales, delegados y la secretaria general del sindicato.

"¿Cómo dicen que La Bancaria no está damnificada si agredieron físicamente a nuestros representantes?", cuestionó el legislador.

Carlos Cisneros cuestionó el rechazo judicial que impidió a La Bancaria actuar como querellante en la causa por la represión ocurrida en Concepción, Tucumán.

Carlos Cisneros denunció una persecución contra el movimiento sindical

Para el diputado nacional, la decisión judicial no constituye un hecho aislado sino parte de una estrategia destinada a desalentar la actividad sindical en Tucumán.

Cisneros afirmó que la resolución busca enviar un mensaje al conjunto de las organizaciones gremiales y sociales, al sostener que la utilización de la represión y las decisiones judiciales tendrían como objetivo generar temor y limitar la protesta de los trabajadores.

Críticas al Poder Judicial y al Gobierno de Tucumán

Durante sus declaraciones, el referente de La Bancaria también apuntó contra las máximas autoridades judiciales de la provincia.

Cisneros aseguró que el juez Raúl Robin Márquez actúa bajo directivas del presidente de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, y sostuvo que el funcionamiento del Poder Judicial provincial atraviesa uno de sus peores momentos.

Además, cuestionó al Gobierno de Tucumán por la falta de pronunciamientos oficiales tras la represión y criticó la ausencia de medidas destinadas a proteger a los trabajadores que participaron del conflicto.

La apelación y cómo continúa la causa judicial

Desde la Asociación Bancaria confirmaron que apelarán la decisión del juez para intentar revertir la exclusión del gremio como querellante.

Cisneros aseguró que agotarán todas las instancias judiciales disponibles para intervenir en la investigación y afirmó que buscarán que los responsables del operativo policial sean juzgados.

El dirigente sindical denunció presuntas presiones políticas sobre la Justicia tucumana y aseguró que buscarán revertir la decisión mediante una apelación.

El impacto político del conflicto

El caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el movimiento sindical, la Justicia y las fuerzas de seguridad en Tucumán. La resolución que adopten los tribunales superiores sobre la apelación presentada por La Bancaria podría sentar un precedente sobre la participación de los sindicatos como querellantes en causas vinculadas con conflictos laborales y hechos de violencia durante manifestaciones.