STVyARA criticó la privatización de rutas y denunció falta de obras en las nuevas concesiones

El plan de concesión de 3.900 kilómetros de rutas nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei volvió a generar críticas por parte de los trabajadores de Vialidad Nacional. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) aseguró que la iniciativa contempla únicamente tareas de mantenimiento y no incluye inversiones para ampliar o modernizar la infraestructura vial, por lo que advirtió que el objetivo será "solo recaudar" mediante el cobro de peajes.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, sostuvo que el Estado está abandonando su rol en la planificación de la infraestructura vial y cuestionó el proceso de privatización de los corredores nacionales.

STVyARA cuestiona el modelo de concesiones de rutas en Argentina

Desde el sindicato señalaron que el nuevo esquema de concesiones exige a las empresas adjudicatarias mantener las rutas, pero no ejecutar obras estructurales ni ampliaciones significativas de la red vial.

"La única política vial de este Gobierno es abandonar las rutas, desfinanciar Vialidad Nacional y entregar todo al sector privado", afirmó Aleñá.

La dirigente agregó que el proyecto carece de un plan integral para mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad vial de quienes transitan diariamente por las rutas argentinas.

En esa línea, sostuvo que la mayor parte de los corredores licitados solo requerirá tareas de conservación, mientras que las obras de ampliación previstas representan una porción mínima del total concesionado.

El aumento del peaje en Rosario-Victoria, uno de los ejemplos señalados

Como parte de sus cuestionamientos, STVyARA mencionó el caso del puente Rosario-Victoria, donde el peaje pasaría de $1.000 a $10.122,86, según indicó el sindicato.

Para Aleñá, ese incremento demuestra que el nuevo esquema traslada mayores costos a los usuarios sin garantizar mejoras sustanciales en la infraestructura.

"Les interesa cobrar peajes, no construir rutas. El pueblo argentino terminará pagando dos veces por el mantenimiento, primero mediante el impuesto a los combustibles y luego con el peaje", sostuvo.

El sindicato vial denunció que el modelo de concesiones no contempla inversiones para ampliar o modernizar la red de rutas nacionales.

El gremio denuncia el desfinanciamiento de Vialidad Nacional

El sindicato atribuye el deterioro de la red vial a la falta de inversión pública y sostiene que el Gobierno nacional no destina a Vialidad Nacional los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya finalidad legal es financiar el mantenimiento y desarrollo de las rutas.

Además, Aleñá afirmó que el organismo continúa funcionando gracias al trabajo del personal, pese a las restricciones presupuestarias.

"Los trabajadores viales seguimos sosteniendo el funcionamiento del organismo con compromiso y profesionalismo, aun cuando el Gobierno hace todo lo posible por desmantelar Vialidad Nacional", expresó.

El respaldo político a los reclamos de los trabajadores viales

El conflicto también sumó respaldo institucional semanas atrás, cuando el Parlamento del Norte Grande, integrado por representantes legislativos de diez provincias, aprobó por unanimidad una declaración de apoyo a los reclamos impulsados por STVyARA en defensa de Vialidad Nacional y contra los recortes presupuestarios.

El sindicato considera que ese acompañamiento refleja la preocupación existente en distintas provincias por el estado de las rutas nacionales y por el futuro del organismo encargado de su mantenimiento.

La discusión sobre el futuro de Vialidad Nacional trasciende el conflicto gremial y se instala como uno de los debates vinculados al modelo de infraestructura que impulsa el Gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo busca ampliar la participación privada en la administración de corredores viales, los trabajadores sostienen que la falta de inversión en obras de ampliación podría profundizar el deterioro de la red vial y afectar la conectividad y la seguridad en distintas regiones del país.

El desarrollo de las licitaciones y la respuesta de las empresas concesionarias serán determinantes para evaluar si el nuevo esquema logra mejorar el estado de las rutas o si predominan las críticas planteadas por los trabajadores.