Trabajadores de la Defensoría del Público denuncian intervención gubernamental y temen el cierre del organismo

Los trabajadores de la Defensoría del Público, institución clave en Argentina para garantizar el derecho a la comunicación, han denunciado públicamente la intervención del organismo por parte del gobierno nacional. Según los empleados, esta medida forma parte del plan de ajuste orientado a reducir el gasto público y amenaza con la disolución del organismo y el despido de sus 140 empleados.

La Defensoría del Público, creada en 2009 bajo el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene como objetivo proteger los derechos de las audiencias y fomentar una comunicación democrática y plural. Sin embargo, los trabajadores aseguran que en los últimos meses el gobierno ha implementado políticas que buscan debilitar sus funciones y justificar su eventual cierre.

«¿Quién garantizará que se respete el horario de protección al menor o que se pueda denunciar la violencia en los medios?», se preguntan en un comunicado representantes sindicales de los empleados del organismo.

Según trascendió, el gobierno argumenta que las restricciones presupuestarias hacen insostenible el funcionamiento de la Defensoría del Público, y ha señalado que la medida responde a un plan de "reorganización del gasto público". Sin embargo, las autoridades del organismo aún no se han pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones.

Los trabajadores han anunciado que iniciarán un plan de lucha para frenar la intervención, que incluirá movilizaciones, conferencias de prensa y acciones legales. "No vamos a permitir que se desmantele una institución que representa la voz de la ciudadanía frente a los medios de comunicación", afirmó un delegado sindical durante una concentración realizada en las puertas de la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Diversos sectores sociales, académicos y políticos han comenzado a expresar su preocupación por el impacto que podría tener el cierre de la Defensoría del Público en el acceso a la información y la diversidad comunicacional en el país. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y medios comunitarios han convocado a una campaña nacional para defender la continuidad del organismo.

En un contexto de crecientes tensiones por las políticas de ajuste, esta denuncia pone de relieve el debate sobre el equilibrio entre la reducción del gasto público y la protección de derechos fundamentales como el acceso a una comunicación plural y democrática.