20/08/2026
Según denunció el gremio, Uniónbat despidió a 100 trabajadores, mientras que Laboratorios Pyam desvinculó a otros 20 empleados. La organización sindical cuestionó que las empresas hayan recurrido al concurso de acreedores pocos días después de concretar los despidos y sostuvo que la situación podría constituir una maniobra destinada a evitar el pago de las indemnizaciones.
Desde el sindicato calificaron el escenario como un "fraude laboral" y reclamaron la intervención de la Justicia para determinar las responsabilidades empresariales.
Martín Gómez, trabajador de Uniónbat e integrante de la comisión directiva del sindicato, señaló que la empresa despidió a un centenar de empleados y todavía no abonó las indemnizaciones.
El trabajador explicó que el período de conciliación obligatoria finalizó el 4 de agosto y que, de acuerdo con lo denunciado por el gremio, la empresa debía afrontar los pagos correspondientes. Sin embargo, al 19 de agosto los trabajadores continuaban sin cobrar.
En el caso de Laboratorios Pyam, la situación afecta a 20 trabajadores. Según el sindicato, la empresa comunicó que no abonaría las indemnizaciones y que los trabajadores deberían iniciar acciones judiciales para reclamar sus derechos.
El conflicto comenzó meses atrás. Pyam había desvinculado a nueve trabajadores en abril y a otros 11 en mayo. Por su parte, Uniónbat anunció en junio el despido de 100 empleados de su área de fabricación de baterías y comunicó su intención de concentrar esa producción en su planta de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.
Luego de sucesivas prórrogas de la conciliación obligatoria, los despidos quedaron firmes a comienzos de agosto.

El conflicto en el Parque Industrial Gualeguaychú venía teniendo lugar desde hace cuatro meses.
Frente a la falta de pago, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate exigió que la Justicia garantice el cobro completo de las indemnizaciones correspondientes a todos los trabajadores despedidos.
Además, el gremio pidió que se investigue a los propietarios de ambas empresas por una posible maniobra de vaciamiento y fraude laboral y reclamó la intervención de los gobiernos provincial y municipal para asistir a las familias afectadas por la pérdida de sus fuentes de ingresos.
Desde la organización sindical también convocaron a la comunidad, organizaciones sociales y espacios políticos a acompañar el reclamo de los trabajadores de Gualeguaychú.
El conflicto mantiene en alerta a más de un centenar de familias que quedaron sin empleo y, según denunciaron desde el gremio, sin las indemnizaciones que deberían recibir tras sus desvinculaciones.
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