18/02/2026
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de universidades públicas de todo el país, solicitó formalmente al Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a paritarias para docentes y trabajadores nodocentes, y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso a fines de 2025.
La norma fue vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente el Congreso insistió con su aprobación. Según expresaron las autoridades universitarias, el Poder Ejecutivo no ha implementado plenamente los mecanismos de actualización presupuestaria previstos en esa ley.
Tras el conflicto institucional por la aplicación de la norma, se presentó una acción judicial que derivó en una medida cautelar orientada a que el Ejecutivo garantice los fondos previstos para salarios, funcionamiento e infraestructura universitaria.
Desde el CIN sostienen que la ley vigente establece:
Convocatoria urgente a negociación salarial.
Actualización de partidas de funcionamiento.
Financiamiento del sistema científico-tecnológico.
Actualización de montos de becas estudiantiles.
Deterioro del poder adquisitivo
Un informe del Laboratorio de Salario y Presupuesto de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) señala que el salario real docente se encuentra en su nivel más bajo en aproximadamente dos décadas.
El estudio indica que:
Para recuperar el poder adquisitivo de 2015, los ingresos deberían incrementarse hasta un 95%.
Durante 2025 la pérdida frente a la inflación fue del 31,5%.
En 2024, con una inflación anual del 118%, el deterioro se profundizó.
La pérdida acumulada desde el inicio de la actual gestión equivale a aproximadamente siete salarios mensuales.
De acuerdo con los datos relevados, cargos docentes con dedicación exclusiva (40 horas semanales) registran ingresos que oscilan entre $1.242.887 y $1.299.251, valores cercanos o por debajo de la canasta básica total estimada por el INDEC en torno a $1.300.000 para un hogar tipo.
Este dato implica que parte del plantel docente se encuentra en el umbral de la línea de pobreza, según parámetros oficiales.
En reuniones mantenidas con rectores, el Ejecutivo habría planteado la posibilidad de impulsar una nueva ley de financiamiento con una recomposición salarial parcial equivalente al 12% de la pérdida registrada en 2025.
Desde el ámbito universitario consideran que esa cifra resulta insuficiente frente al deterioro acumulado en los últimos dos años y que no contempla la recomposición correspondiente a 2024.
El CIN advirtió que la situación salarial afecta el funcionamiento académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos. También planteó que la discusión no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que involucra la sustentabilidad del sistema universitario público.
El reclamo central se concentra en dos puntos:
Apertura inmediata de paritarias 2026.
Cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
La evolución del conflicto dependerá de la respuesta del Ejecutivo y del curso de la medida judicial en trámite.
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