28/08/2024
Hugo Yasky, líder de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), anunció que la justicia ha fallado a favor de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en su amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Este decreto, considerado inconstitucional, había sido impugnado por el central sindical docente debido a las restricciones que imponía sobre el derecho a la protesta. Yasky subrayó que "la educación no es un servicio. Es un derecho social."
En una decisión trascendental para el sector educativo, la justicia argentina ha declarado la inconstitucionalidad del DNU 70/23, una normativa que había generado polémica por las restricciones que intentaba imponer sobre el derecho a la protesta. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) presentó un amparo en contra de este decreto, argumentando que atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación y los estudiantes.
El anuncio fue realizado por Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y un ferviente defensor de los derechos laborales y educativos.En sus redes sociales, Yasky destacó la importancia de este fallo, subrayando que "la educación no es un servicio. Es un derecho social y el derecho a luchar de la docencia es una de sus garantías.." Con estas palabras, el dirigente sindical dejó claro que la enseñanza no puede ser tratada como una mercancía o un servicio más dentro del mercado, sino que debe ser garantizada por el Estado como un derecho fundamental e inalienable para todos los ciudadanos.
El DNU 70/23 había sido cuestionado desde su promulgación, ya que imponía restricciones que muchos consideraron un retroceso en la protección de los derechos educativos. La resolución judicial confirma que este decreto contradecía principios constitucionales, fortaleciendo la posición de los sindicatos y organizaciones que luchan por una educación pública, gratuita y de calidad.
Con esta victoria, CTERA y la CTA reafirman su compromiso en la defensa de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo social y el bienestar de la nación. Además, este fallo podría sentar un precedente importante para futuras disputas legales en torno a la educación y los derechos laborales en Argentina.
La reacción de la comunidad educativa ha sido de satisfacción y alivio, viendo en esta decisión un respaldo a sus demandas y una reafirmación del rol del Estado en la protección de los derechos sociales. Por su parte, Yasky concluyó su intervención reiterando el compromiso de las organizaciones sindicales con la defensa de una educación inclusiva y equitativa para todos.
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