Abogados laboralistas de Rosario cuestionan la reforma procesal y alertan por posibles trabas para los trabajadores

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario (AALR) manifestó su rechazo al proyecto de modificación del Código Procesal Laboral de Santa Fe y advirtió que algunos de los cambios propuestos podrían afectar especialmente a los trabajadores que recurren a la Justicia para reclamar salarios, indemnizaciones y otros derechos laborales.

La iniciativa fue promovida por la Red de Instituciones por la Producción de Rosario. Desde la organización de abogados cuestionaron además el proceso de elaboración del proyecto, al señalar que no participaron representantes de los trabajadores, organizaciones sindicales, colegios profesionales ni integrantes del Poder Judicial.

La comisión directiva de la AALR, encabezada por la abogada Cecilia Cozzi, consideró que la propuesta incorpora modificaciones que no resolverían las demoras existentes en los tribunales laborales y, por el contrario, podrían generar nuevas dificultades para quienes deben iniciar o continuar un juicio.

¿Qué cuestionan los abogados laboralistas?

La AALR identificó varios aspectos del proyecto que considera perjudiciales para los trabajadores. Uno de ellos está relacionado con la posibilidad de que un expediente quede concluido luego de nueve meses sin actividad.

Según la interpretación de la entidad, esta disposición podría provocar la finalización de causas sin que el trabajador haya sido debidamente informado y aun cuando la demora no sea responsabilidad de quien inició el reclamo.

Otro punto observado está vinculado con las condiciones económicas para solicitar determinadas medidas durante un proceso judicial. Los abogados sostienen que exigir una garantía económica podría dificultar el acceso a herramientas como embargos de bienes o medidas destinadas a obtener asistencia médica urgente.

Advierten por el cobro de sentencias

La organización también puso el foco en una modificación que, según su análisis, permitiría que una empresa suspenda el cumplimiento de una sentencia favorable al trabajador mediante la presentación de un recurso.

El planteo genera preocupación porque podría alcanzar situaciones en las que el reclamo ya haya recibido una resolución favorable en dos instancias judiciales.

Para la AALR, en lugar de agilizar los procesos, este mecanismo podría contribuir a prolongar el momento en que los trabajadores efectivamente reciben los créditos que la Justicia les reconoció.

Una nueva instancia administrativa antes de llegar a juicio

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del SECLAP, una instancia administrativa que debería atravesarse obligatoriamente antes de iniciar una demanda laboral.

La asociación estima que este procedimiento podría extenderse durante tres o cuatro meses. Además, cuestiona que se pretenda implementar una nueva etapa sin que exista un presupuesto garantizado para asegurar su funcionamiento.

Los laboralistas también objetaron la creación de un registro de alegatos. Si bien admitieron que podría contribuir a organizar los procesos, señalaron que la herramienta requeriría recursos suficientes para poder aplicarse de manera efectiva en los juzgados laborales de toda la provincia.

La preocupación de la entidad es que estas nuevas instancias terminen agregando tiempo a conflictos que ya presentan demoras, especialmente cuando están en juego salarios, indemnizaciones u otros créditos de carácter alimentario.

Para la Asociación, estas modificaciones no aceleran el funcionamiento de la Justicia laboral.

¿Qué propone la Asociación de Abogados Laboralistas?

Frente a la iniciativa empresarial, la AALR planteó una serie de alternativas para abordar las dificultades que atraviesa el sistema judicial laboral santafesino.

Una de sus propuestas consiste en generar y publicar información oficial sobre los tiempos que demanda cada etapa de los procesos judiciales. Para la organización, disponer de estadísticas precisas permitiría determinar dónde se producen las principales demoras antes de modificar las reglas del procedimiento.

También reclamó la creación de nuevos juzgados laborales y el fortalecimiento de las estructuras existentes mediante la incorporación de jueces, funcionarios y personal especializado en Derecho del Trabajo.

Otro de los planteos apunta a reforzar las inspecciones laborales, con el objetivo de prevenir situaciones de empleo no registrado y accidentes laborales antes de que esos conflictos terminen judicializados.

Reclaman una reforma con participación de todos los sectores

La Asociación sostuvo que cualquier modificación del procedimiento laboral debería discutirse con la participación de los distintos actores involucrados: trabajadores, sindicatos, abogados, jueces y demás sectores vinculados con el ámbito laboral.

Desde la entidad también señalaron que algunos aspectos de la iniciativa podrían entrar en tensión con garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

En ese marco, los abogados laboralistas reclamaron que el debate no se limite a reducir los tiempos formales de los expedientes, sino que contemple medidas destinadas a garantizar un acceso efectivo a la Justicia y el cobro oportuno de los derechos laborales reconocidos.

La discusión sobre la reforma procesal continuará en Santa Fe, en medio de un fuerte contrapunto entre las entidades que impulsan cambios en el funcionamiento de la Justicia y las organizaciones que advierten que determinadas modificaciones podrían trasladar los costos de las demoras hacia los trabajadores.