27/07/2026
La multinacional Cargill suspendió las operaciones de su histórica planta de acopio ubicada en Arribeños, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, luego de un conflicto que enfrenta a transportistas con un representante de una cámara empresarial del sector. La paralización de la actividad dejó sin trabajo a unas 30 familias y genera preocupación por el impacto económico que podría extenderse sobre toda la comunidad.
El conflicto comenzó con un reclamo de transportistas que cuestionan el sistema de asignación de cargas utilizado para operar con la planta de Cargill. Según denunciaron los fleteros, un representante de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) actuaba como intermediario en la contratación de viajes sin prestar un servicio logístico efectivo.
Los trabajadores sostienen que decidieron dejar de operar bajo ese esquema y, como consecuencia, dejaron de recibir viajes. Poco después, la empresa resolvió suspender completamente las actividades del establecimiento, que llevaba más de 25 años funcionando en la localidad bonaerense.
Cristian Cardoso, vocero de los transportistas afectados, aseguró que la decisión de abandonar ese mecanismo terminó dejando sin trabajo a decenas de familias vinculadas directamente con el transporte de granos.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la acusación de los fleteros sobre el supuesto cobro de una comisión del 3% por cada carga transportada.
De acuerdo con la denuncia, ese porcentaje era exigido de manera informal como condición para acceder a los viajes. Los transportistas afirman que al negarse a continuar bajo ese sistema quedaron excluidos de la distribución de cargas, situación que derivó posteriormente en la paralización de la planta.
Desde CATAC rechazaron esas acusaciones. Su presidente, Ramón Jatip, negó que existiera un intermediario cobrando por los viajes y sostuvo que los transportistas decidieron retirarse de manera voluntaria, descartando cualquier irregularidad en el sistema.
La paralización de la histórica planta de Cargill genera preocupación por el impacto económico sobre Arribeños y General Arenales.
La empresa explicó que la asignación de cargas responde exclusivamente a criterios comerciales y operativos, en el marco del derecho de libre contratación.
Desde la compañía evitaron involucrarse en la disputa entre los transportistas y el representante cuestionado, limitándose a remarcar que la contratación de servicios forma parte de las decisiones propias de la actividad empresarial.
Mientras tanto, el Municipio de General Arenales consideró que se trata de un conflicto entre privados y aclaró que no tiene competencia para intervenir directamente en la negociación.
La paralización de la planta no afecta únicamente a las familias que trabajaban como fleteros. La actividad de transporte sostiene gran parte del movimiento económico de Arribeños y de la región.
Talleres mecánicos, estaciones de servicio, comercios, proveedores de repuestos, gomerías y otros prestadores de servicios dependen, en mayor o menor medida, del movimiento generado por la actividad agropecuaria y el transporte de granos.
Por ese motivo, el cierre operativo de la planta representa un fuerte golpe para la economía local y genera incertidumbre sobre la continuidad laboral de numerosos trabajadores indirectamente vinculados a la actividad.
Los trabajadores afectados reclaman la conformación de una mesa de negociación que permita destrabar el conflicto y recuperar la actividad en la planta de Cargill.
Según manifestaron, buscan una instancia de diálogo "orgánica, pacífica y transparente" donde puedan discutirse las condiciones de contratación y el sistema de asignación de cargas.
Hasta el momento, no existen señales de una negociación formal entre las partes y la actividad continúa paralizada.
El caso de Cargill en Arribeños refleja las dificultades que atraviesan distintas economías regionales de Argentina, donde los conflictos vinculados al transporte, la logística y la actividad agroindustrial pueden generar efectos inmediatos sobre el empleo y la producción.
La suspensión de una planta con más de dos décadas de funcionamiento evidencia además la fragilidad de numerosas localidades cuya economía depende de un número reducido de actividades productivas. La evolución de las negociaciones será clave para determinar si la planta puede retomar sus operaciones o si el conflicto terminará profundizando el impacto económico sobre General Arenales y la región.
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