27/07/2026
El conflicto por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) volvió a escalar en Argentina luego de que los gremios ATE y APINTA denunciaran que el Gobierno nacional pretende vender unas 52 mil hectáreas pertenecientes al organismo. Las organizaciones sindicales aseguran que detrás de la iniciativa existe un "gran negocio inmobiliario" y advierten sobre el impacto que tendría en la investigación científica, el empleo y el desarrollo tecnológico del sector agropecuario.
La polémica surgió tras las declaraciones del presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, durante un panel en la Exposición Rural de Palermo. Allí confirmó que el organismo continuará revisando qué inmuebles y terrenos son utilizados para investigación y anticipó que aquellos que no cumplan esa función podrán ser desafectados.
Según explicó el funcionario, el INTA posee alrededor de 112 mil hectáreas en todo el país, aunque estimó que solo unas 50 mil tienen actualmente un uso científico o tecnológico. Además, señaló que ya fueron desafectadas unas 15 mil hectáreas y defendió la medida al considerar que la función del organismo debe centrarse en la investigación y no en la producción agropecuaria.
Las declaraciones oficiales generaron una inmediata reacción de los gremios que representan a los trabajadores del organismo.
Desde APINTA, su secretario general Paulo García cuestionó la decisión y afirmó que no existe una necesidad económica que justifique la venta de tierras. Según sostuvo, el INTA cuenta con recursos suficientes para su funcionamiento y desprenderse de esos activos solo favorecería un negocio inmobiliario mediante la venta de patrimonio público a valores inferiores a los de mercado.
En la misma línea, la dirigente de ATE Julieta Boedo calificó la iniciativa como parte de un proceso de desguace del organismo. La sindicalista aseguró que el plan no solo contempla la venta de tierras, sino también la reducción de personal, el cierre de programas de investigación y una reestructuración que podría afectar el desarrollo científico y tecnológico vinculado al agro.

ATE y APINTA denunciaron que el Gobierno busca vender unas 52 mil hectáreas del INTA y advirtieron sobre un posible desguace del organismo.
Los representantes sindicales sostienen que la reducción del organismo tendría consecuencias que van más allá de los trabajadores afectados.
Boedo advirtió que numerosas investigaciones requieren años de trabajo continuo y podrían quedar inconclusas si disminuyen los equipos técnicos o desaparecen programas específicos. También remarcó que el INTA cumple funciones estratégicas como el monitoreo ambiental, el acompañamiento a pequeños productores y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria.
La dirigente también alertó sobre la posible pérdida de profesionales altamente capacitados, al considerar que el desfinanciamiento del sistema científico favorece la migración de investigadores y debilita la capacidad tecnológica nacional.
Los gremios sostienen que este proceso comenzó en 2024 con la venta de un edificio del organismo en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora se profundiza con la revisión del patrimonio inmobiliario.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el objetivo es optimizar los recursos del Estado y conservar únicamente las tierras vinculadas a proyectos científicos y tecnológicos. En ese marco, Bronzovich afirmó que continuarán evaluando qué inmuebles son necesarios para el funcionamiento del instituto y cuáles podrán ser desafectados.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.